Entre los presuntos integrantes de este grupo delincuencial se encuentra un soldado del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional.
La fiscalía general de la Nación identificó a 10 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada señalado de apoderarse de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que después era comercializado a estructuras de las disidencias de las Farc en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como con bandas ilegales urbanas en Bogotá.
Se trata de Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.
La investigación estableció que estas personas pertenecerían a un grupo delincuencial encargado de sustraer armas, municiones y explosivos en batallones ubicados en Bogotá, además del Fuerte Militar de Tolemaida, y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca).
Además que, al parecer, utilizaban salvoconductos vencidos para inducir al error a comercios dedicados a la venta de legal de municiones para armas de uso personal.
La red delincuencial estaría conformada por personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, y civiles con actividades comerciales lícitas que servían de fachada para ocultar las acciones ilegales.
Entre los procesados se encuentran Jhon Alexander Salgado Osorio, un soldado profesional del Ejército Nacional, quien se encargaría de sustraer municiones, granadas y partes de armamento de los batallones para venderlas a través de intermediarios.
Mientras que Orozco Salcedo, intendente pensionado de la policía, sería uno de los cabecillas de la red criminal, y reclutaría a personas con acceso a Indumil para sacar las armas de fuego y municiones que posteriormente, eran vendidas con permisos falsos. Ureña Díaz, Mosquera Ramírez, Wilches Vargas, Puentes Puentes, Valenzuela Ramírez, Orozco Salcedo y Bastidas Ardila aceptaron los delitos imputados.
Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a todos los procesados.
Estas personas fueron capturadas en nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional.
En los operativos fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo.
