Corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): así califica la Fiscalía General de la Nación el escándalo que hoy sacude al Gobierno nacional y al Congreso.
En el centro de esta trama está María Alejandra Benavides Soto, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contra quien fue imputado el delito de interés indebido en la celebración de contratos, aunque se abstuvo de aceptar los cargos al confirmar que adelanta negociaciones para un principio de oportunidad.
La fiscal delegada María Cristina Patiño, de la Fiscalía Novena ante la Corte Suprema, señaló que Benavides fue pieza clave en el direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos, con los cuales se habría buscado beneficiar a seis congresistas a cambio de su apoyo para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
Según los documentos judiciales, los contratos habrían sido dirigidos hacia los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). En ellos estaban interesados los congresistas Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Todos pertenecientes a la comisión interparlamentaria de Crédito Público.
Uno de los episodios más reveladores expuestos por la Fiscalía fue la reunión del 6 de diciembre de 2023 en el despacho del ministro Bonilla, donde participaron Luis Fernando Velasco (entonces ministro del Interior), Benavides y Jaime Ramírez Cobo, entonces director del DAPRE. En dicha reunión, se habrían acordado los funcionarios encargados de facilitar el trámite de los contratos en la UNGRD.
Tres días después, el 9 de diciembre, según la Fiscalía, Benavides entregó un sobre sellado a Ramírez Cobo que contenía la lista de proyectos regionales enviados por los congresistas, junto con sus respectivos contactos municipales. Esta información sería usada para destrabar los créditos internacionales a cambio de apoyo político.
Además, el 5 de diciembre, una reunión previa entre Benavides, el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, y los congresistas de la Comisión de Crédito Público, habría servido para dar luz verde a los contratos que se ejecutarían en el año 2024. Estos recursos, según el discurso oficial, iban a destinarse a la prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias, pero fueron objeto de presunta manipulación con fines políticos.
Benavides, en declaración juramentada ante la Fiscalía, aseguró que fue presionada por Bonilla para autorizar el desembolso de los recursos. “Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, afirmó. También expresó haber sentido temor por su seguridad y la de su familia, lo que llevó a la Fiscalía a mantenerle medidas de protección.
De los contratos en cuestión, el primero tenía como destino Cotorra, Córdoba, por un monto de 50.000 millones de pesos; el segundo, El Salado, Bolívar, por 12.356 millones; y el tercero, Saravena, Arauca, por 30.000 millones.
A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía optó por no imponer medida de aseguramiento contra Benavides, debido a que ya se pactó el principio de oportunidad, mediante el cual colaborará como testigo clave en los procesos contra otros implicados. Su testimonio podría ser decisivo para avanzar en las investigaciones que ya salpican a exministros, congresistas y altos funcionarios del Gobierno.
Este nuevo capítulo de la crisis por corrupción en la UNGRD se suma a las denuncias previas de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, y compromete seriamente la credibilidad de varias carteras del Ejecutivo. A medida que avanzan las audiencias, el país asiste a la exposición de una red de compra de voluntades en el Congreso, direccionamiento contractual y uso indebido de recursos destinados a la atención de emergencias climáticas.
Este escándalo representa un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se ha proclamado defensor de la transparencia y lucha contra la corrupción. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios en medio de un clima político cada vez más tensionado por los señalamientos cruzados y la revelación de nuevos vínculos.
