Desde el consejo de seguridad realizado en el departamento del Caquetá, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez se pronunció con contundencia frente al reciente asesinato del subintendente de la Policía Nacional, Gustavo Adolfo Jiménez, ocurrido en Saravena, Arauca.
El funcionario condenó el hecho, asegurando que este tipo de acciones violentas «reflejan el desespero criminal por afectar a la fuerza pública, que avanza con contundencia para desmantelar las estructuras del crimen organizado en todo el territorio nacional».
Sánchez expresó su solidaridad con la familia del subintendente y con la institución policial, al tiempo que recalcó que no se bajará la guardia frente a las amenazas que persisten en varias zonas del país.
“Estos ataques a nuestros hombres son una respuesta desesperada de los grupos armados ilegales, que están viendo debilitadas sus capacidades logísticas, financieras y de reclutamiento gracias a las operaciones sostenidas que venimos adelantando”, aseguró el funcionario durante su intervención.
De acuerdo con las cifras presentadas en el marco del consejo de seguridad, en lo corrido del año se han logrado capturar a más de 200 integrantes de grupos armados ilegales, varios de ellos responsables directos de atentados contra miembros de la Policía Nacional y el Ejército, así como la comercialización de sustancias ilícitas, extorsiones y amenazas.
Las operaciones se han concentrado en departamentos como Arauca, Caquetá, Nariño, Huila, Tolima y Norte de Santander, donde persisten actores armados que desafían la autoridad del Estado y buscan sembrar terror entre la población civil y la fuerza pública.
Durante el encuentro de seguridad también se abordó otro lamentable hecho ocurrido en días recientes, la muerte de un posible integrante del Ejército Nacional que habría fallecido calcinado dentro de un bus en circunstancias que aún son materia de investigación.
El general Luis Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, lamentó lo sucedido y reiteró el compromiso institucional con el esclarecimiento de este hecho.
“Estamos colaborando plenamente con la fiscalía general de la Nación, que ya adelanta las investigaciones correspondientes.
Se ha dispuesto un equipo especializado que trabaja en la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, indicó el alto oficial.
Asimismo, se explicó que el hecho tuvo lugar en una zona donde recientemente se han incrementado las acciones ofensivas por parte del Ejército, lo cual podría estar relacionado con una retaliación de los grupos armados.
En la región se han desplegado operaciones militares adicionales para garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques contra personal uniformado o la población civil.
El Ministerio de Defensa reiteró que estas acciones no detendrán el avance de la Fuerza Pública y que se continuará fortaleciendo la presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico, “siempre será un reto proteger la vida de los colombianos, y las amenazas siempre estarán buscando la oportunidad para afectar a la fuerza pública”.
Finalmente, se anunció que el Gobierno Nacional evalúa nuevas estrategias para proteger a los integrantes de la fuerza pública en regiones de alto riesgo y que en los próximos días se realizará una nueva reunión interinstitucional para definir ajustes en las operaciones.
“Estamos actuando, estamos investigando y estamos avanzando.
Que quede claro: ningún acto de violencia nos hará retroceder en nuestro compromiso de garantizar un país más seguro”, concluyó el ministro.
Actualmente hay una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la captura de los sicarios que han asesinado a militares y policías en el país; y hasta $20 millones por información que permita evitar ataques sicariales contra miembros de la fuerza pública.
