La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo, por direccionar irregularmente dos contratos durante su primer periodo en el que ejerció el cargo. En los próximos días se conocerán los años de prisión que le esperan.
La investigación reveló que el exgobernador direccionó esos contratos que tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca.
En ese contexto, la Fiscalía estableció que ambos contratos fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
Por esa razón, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos para determinar los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia y planeación.
Por eso fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario.
El exgobernador, por otra parte, es investigado porque presuntamente, durante sus dos períodos habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del ELN en Arauca y Venezuela.
Estas acciones fueron consideradas por el fiscal del caso como hechos no aislados, pues son parte de un “proyecto delictivo que lleva años enquistándose en la sociedad araucana y que hoy en día lo podemos develar y, por eso, el requerimiento de generar una medida privativa de la libertad para asegurar los fines constitucionales y para que se pueda llegar a la verdad”.
De acuerdo con la Fiscalía, José Facundo Castillo entre 2012 y 2015 entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega, alias «El Gordo Giovanni», los cuales ascienden a $5.300 millones, por diferentes objetos como estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”.
Además, durante ese periodo el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento, en donde incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por el grupo guerrillero para que votaran a favor de Castillo Cisneros en las elecciones regionales.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del ELN, por parte sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad, en atención a los acuerdos que existían entre ambas partes”.
Estos acuerdos consistían, según la Fiscalía, en la entrega de dinero entre $1.000 y $2.000 millones al ser electo gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
la defensa judicial del exgobernador de Arauca solicitó la prisión domiciliaria para su defendido, argumentando que Cisneros tiene complicaciones de salud y requiere atención médica, así como también tratamientos psicológicos y de Psiquiatría.
