En regiones como el Catatumbo, el ELN mantiene secuestradas al menos 50 personas. Y en Arauca, hoy continúan más de 18 personas privadas de su libertad.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reitera su más enérgico rechazo al secuestro como herramienta de presión, financiamiento o control por parte de los grupos armados ilegales, e insiste en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y a la vida digna de todas las personas, sin excepción.
Hoy se cumple un mes del secuestro de la señora Clara Serrano, quien fue retenida por el ELN cuando acudía a gestionar la liberación de su hermano, secuestrado con fines extorsivos en el municipio de Río de Oro, Cesar. A ella la dejaron en cautiverio y lo liberaron a él, “para que consiguiera el dinero”. Este hecho ha sumido a su familia en una profunda crisis emocional, con consecuencias en la salud de varios de sus integrantes.
La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el aumento de casos de secuestro extorsivo en diferentes regiones del país. Desde el 21 de febrero también permanece en poder del ELN la ex personera de Tamalameque (Cesar), Yennis Salazar Zabaleta; así como el joven Kevin Patarroyo Gómez, quien lleva más de un mes secuestrado en el Catatumbo y cumplió sus 19 años en cautiverio.
“Estos tres secuestros son extorsivos. El sufrimiento de quienes son secuestrados y sus familias es devastador e irreparable.
Exigimos al ELN y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La situación se agrava en regiones como el Catatumbo, donde el ELN mantiene secuestradas a al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33. A ellas se suman más de 18 personas retenidas por ese grupo armado ilegal en Arauca, incluso después de la reciente liberación de cinco ganaderos.
“El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el ELN dice cometer. Por el contrario, cometido a esta escala y de manera sistemática, se configura como el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, añadió la Defensora del Pueblo.
El ELN no es el único grupo que recurre a esta práctica violatoria de los derechos humanos. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2025 se han registrado 40 secuestros en el país: 31 con fines extorsivos y 9 catalogados como secuestro simple.
Aunque en 2024 se reportaron menos casos (290) que en 2023 (338), el secuestro sigue siendo una grave vulneración de los derechos humanos en múltiples regiones de Colombia.
La Defensoría del Pueblo reitera su más enérgico rechazo al secuestro como herramienta de presión, financiamiento o control por parte de los grupos armados ilegales, e insiste en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y a la vida digna de todas las personas, sin excepción.
