miércoles, abril 30, 2025
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En servicio de la ciudadanía nuevo centro de atención de la fiscalía en Tame, Arauca

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en cumplimiento de uno de los pilares establecidos en el Direccionamiento Estratégico 2024 – 2028, avanza en el fortalecimiento de las rutas de atención a la ciudadanía y la ampliación de los canales de acceso a la justicia en los territorios donde no ha habido presencia de la entidad.

En compañía del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz; delegados y directivos del equipo misional, y representantes de autoridades del orden nacional y local, puso en funcionamiento el nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF) en Tame (Arauca), que estará al servicio de algo más de 54.000 habitantes de este municipio y de otras poblaciones cercanas como Fortul, Arauquita y Puerto Rondón.

“Son espacios que nos permiten pensarnos a la justicia de una forma más amable. Es cierto que en lugares como Arauca y Tame hay una presencia de grupos armados ilegales que generan unas condiciones desfavorables para los habitantes y unas desigualdades bastante marcadas. La Fiscalía, con plena conciencia de ello, tiene una estrategia para lo que es el crimen organizado que tiene que ver con una fuerte articulación precisamente con nuestra Policía y Fuerzas Armadas, a través de grupos más operativos que estudian el territorio”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo.

El nuevo CAF de Tame articula las capacidades de otras instituciones, que tendrán a funcionarios apoyando la recepción de denuncias y la orientación integral a las víctimas, especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes afectados por unas conductas delictivas detectadas y priorizadas.

En ese sentido, habrá una fiscal local con su asistente y equipo de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Arauca; además de personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un psicólogo y un trabajador social adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y dos defensores públicos.

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