La Procuraduría les recordó a los mandatarios que los impuestos que se cobran por alumbrado público deben estar destinados exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de este mismo servicio para las comunidades.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a los mandatarios municipales y distritales, a “cumplir con el deber legal de prestar un adecuado y óptimo servicio de alumbrado público”.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a los mandatarios municipales y distritales, a “cumplir con el deber legal de prestar un adecuado y óptimo servicio de alumbrado público”.
El ente de control destacó que, de acuerdo con la normativa vigente, los municipios y distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, ya sea de manera directa o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros operadores que demuestren idoneidad para su ejecución.
El organismo de control, a través de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, resaltó que su actuación preventiva está enfocada en que los municipios y distritos realicen una buena prestación del servicio de alumbrado público, el cual impacta directamente en la seguridad y el desarrollo de las actividades comunitarias de los ciudadanos en cada municipio y distrito.
Así mismo, recordó que, en caso de que los municipios y distritos hayan optado por establecer el impuesto de alumbrado público, el cual tiene como hecho generador el beneficio derivado de la prestación del servicio, dichos recursos deben destinarse exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de este.
En este contexto, es fundamental que los alcaldes actúen con la debida diligencia para garantizar que estos recursos se destinen a cumplir sus propósitos específicos, asegurando que el servicio se preste de manera eficiente y adecuada, lo que impacta directamente en la seguridad y el desarrollo de las actividades comunitarias de los ciudadanos en cada municipio y distrito.
La Procuraduría reitera su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la protección de los derechos de los ciudadanos, velando por el cumplimiento de las normas y la correcta prestación de los servicios públicos.
