Entre los territorios más afectados se encuentran el Norte de Santander, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, Arauca, Vichada-Guainía, Guaviare-Meta, el Pacífico chocoano, el norte del Cauca, Nariño, Putumayo-Caquetá, La Guajira y Valle del Cauca.
Estos lugares son escenarios de intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que buscan controlar territorios y las rutas del narcotráfico, uno de los principales motores de la violencia en el país.
El informe reveló un preocupante fortalecimiento de estos grupos, que ya operan con una estructura similar a la de carteles transnacionales. Se destaca el crecimiento sostenido del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Disidencias de las Farc , el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales.
Estos actores están recurriendo al reclutamiento forzado de menores de edad para expandir su influencia y aumentar su capacidad bélica, lo que agrava aún más la situación de inseguridad.
Se estima que las diferentes estructuras ilegales que operan en Colombia cuentan con más de 20.000 hombres armados, una cifra que resalta el poderío de estos grupos y su capacidad para desafiar la autoridad del Estado.
Además, el informe alerta sobre la creciente inestabilidad territorial derivada de la disminución de la erradicación de cultivos ilícitos y el aumento en la producción de cocaína, que podría alcanzar los dos millones de kilogramos este año.
Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los gobiernos departamentales, ya que está estrechamente vinculada con violaciones de derechos humanos y el desplazamiento forzado de miles de personas.
Uno de los territorios más afectados por esta violencia es el Catatumbo , donde las confrontaciones entre grupos armados han dejado un saldo de 12 firmantes desaparecidos y más de 73.000 personas afectadas, entre desplazados y confinados.
En este contexto, el informe de la FND advierte que la violencia podría recrudecerse en el próximo año electoral, poniendo en riesgo el ejercicio democrático y la participación ciudadana.
Afirman que el control social y el sometimiento de líderes y lideresas de diferentes sectores se han convertido en factores clave que requieren especial atención para garantizar unos comicios sin coacciones ni amenazas.
Hacen énfasis en que la situación de violencia y criminalidad que vive Colombia demanda una respuesta inmediata de las autoridades para frenar la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil.
En un momento tan crucial, la unidad y la acción coordinada entre las diferentes instancias del Estado son más necesarias que nunca para hacer frente a este flagelo.
