El caso que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) sigue tomando fuerza con nuevas pruebas que señalan la posible corrupción dentro del Ministerio de Hacienda. Según una investigación exclusiva de Noticias Caracol, las cámaras de seguridad del Ministerio han captado reuniones y visitas de los principales implicados en el escándalo, lo que podría ser una de las pruebas más importantes para esclarecer la trama de corrupción.
Los videos, grabados hace un año, muestran cómo congresistas y altos funcionarios del Gobierno se reunían en el Ministerio de Hacienda en momentos clave, coincidiendo con la tramitación de contratos millonarios en varias regiones del país, como Córdoba, Arauca y Bolívar. La Corte Suprema está investigando si estos congresistas habrían recibido sobornos a cambio de sus votos para aprobar préstamos internacionales, a través de una red de favores vinculados a la aprobación de créditos por parte del Gobierno.
Entre las grabaciones más relevantes se encuentra la presencia de congresistas como Karen Manrique, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo, quienes, según los registros, visitaron el Ministerio en varias ocasiones durante el mes de diciembre de 2023. Las reuniones con el entonces ministro Ricardo Bonilla y su equipo de trabajo han generado sospechas de un posible acuerdo ilegal para direccionar contratos por más de 92 mil millones de pesos, que serían gestionados a través de la UNGRD.
El proceso judicial se ha visto fortalecido por las recientes declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien reveló que el Gobierno estaba presionando para conseguir los votos de estos congresistas a cambio de los contratos. Además, los videos de las cámaras de seguridad muestran cómo se llevaron a cabo estos encuentros, algunos de ellos en momentos clave en los que se aprobaban importantes decisiones financieras para el país.
Estos nuevos hallazgos permiten a la justicia avanzar en la investigación sobre una presunta red de corrupción que involucra a varios actores del Gobierno, mientras se intensifica la presión sobre los responsables de este entramado ilegal. El caso de la UNGRD sigue siendo uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción en Colombia.
