La congresista del partido Cambio Radical, Lina María Garrido, denunció haber sido víctima de amenazas que la llevaron a solicitar al Gobierno nacional medidas de protección para ella y su familia. Sin embargo, según explicó, esta petición no había sido atendida hasta el momento.
Garrido informó que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, le habría argumentado que “hace mucho tiempo no mataban congresistas en Arauca”. Esta frase, según la congresista, resulta preocupante y negligente frente al panorama de inseguridad que enfrenta la región.
En este sentido, el fallo más reciente exige al Gobierno que, en un plazo no mayor a cinco días, se restablezca el esquema de seguridad para la congresista, el cual debe contar con tres vehículos blindados y dos personas asignadas a su protección. Además, el fallo estipula la necesidad de asignar una persona adicional de protección para reforzar la seguridad de Lina María Garrido.
El fallo enfatiza que estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se realice un nuevo estudio de riesgo, con el fin de determinar la amenaza actual y establecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la congresista y su entorno familiar.
Según la congresista, la solicitud de protección es una señal de alerta frente a la situación de vulnerabilidad que persiste en Arauca, una región marcada históricamente por la presencia de grupos armados y hechos de violencia. La medida, por tanto, no solo responde a la seguridad personal de la congresista , sino también al contexto social de la región.
Por su parte, el Gobierno nacional y la UNP deberán responder a este fallo judicial para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteger a la funcionaria. La situación refleja la urgente necesidad de reforzar el esquema de protección para líderes políticos y comunitarios en territorios con alta presencia de conflicto armado.
Garrido y su partido han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de respuestas oportunas y mecanismos eficaces para atender estas situaciones. Por ahora, el Gobierno y la UNP tienen la responsabilidad de actuar rápidamente para evitar que estos llamados se conviertan en tragedias.
