La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de una operación que derivó en la judicialización de tres militares señalados de ser parte de una red criminal dedicada al tráfico de municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El esquema ilegal habría permitido la apropiación mensual de hasta 40.000 cartuchos para fusil, que eran comercializados con el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, operantes en el oriente y suroccidente de Colombia.
Los implicados fueron identificados como el sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra, y el suboficial José Arturo López Astudillo. Según la investigación, estos militares utilizaban sus posiciones dentro de diversos batallones para extraer municiones, manipular sistemas misionales del Ejército Nacional, y ocultar los faltantes.
Los cartuchos eran entregados a intermediarios externos que, utilizando medios como baterías de vehículos y buses interdepartamentales, los transportaban hacia departamentos como Cauca y Arauca.
A cambio, los militares recibían pagos a través de transferencias electrónicas y billeteras virtuales.
Los uniformados fueron capturados en una serie de diligencias realizadas en el Fuerte Militar de Tolemaida, el Hospital Militar de Bogotá, y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 del Ejército Nacional en Cali.
Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó cargos como concierto para delinquir, tráfico de armas de uso privativo, peculado por apropiación, lavado de activos, violación de datos personales, y acceso abusivo a un sistema informático.
Los acusados no aceptaron los cargos.
Este caso pone en evidencia una preocupante infiltración dentro de las instituciones de seguridad y plantea retos para garantizar la transparencia y la eficacia de las fuerzas militares en Colombia. Las autoridades han intensificado las investigaciones para desmantelar por completo esta red criminal y evitar futuros desvíos de recursos estratégicos hacia organizaciones al margen de la ley.
