El Tribunal Administrativo de Arauca admitió la acción popular presentada por la
Fundación para el Estado de Derecho y que busca que se protejan los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y a la supervivencia colectiva de las comunidades indígenas. Estos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados.
La Fundación alertó el recrudecimiento y el aumento de la violencia en el territorio del departamento debido al despliegue armado y a la expansión del control territorial de algunos grupos al margen de la ley. La Fundación interpuso esta acción y solicitó medidas cautelares para proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes de Arauca.
En la acción se hizo un análisis y recopiló las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, por la Procuraduría, por la Fiscalía, por organismos internacionales como la ONU y por autoridades departamentales.
El Tribunal Administrativo de
Arauca estudiará la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), que evidenció el grave deterioro de la seguridad en el departamento, como consecuencia de la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes, y la consiguiente expansión de los grupos al margen de la ley.
Los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial del departamento, y constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes de este departamento. Hacen peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de trece comunidades indígenas, entre otros actos delictivos y de intimidación a la población civil.
La Fundación hizo un estudio de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, de boletines expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de informes de la Organización de las Naciones Unidas y de notas periodísticas a través de las cuales se relata la situación de orden público.
A su vez, evidenció la omisión del Estado en el cumplimiento de su obligación constitucional y legal de garantizar los derechos e intereses colectivos al omitir su deber de preservación de la integridad del territorio nacional, del orden constitucional y de las condiciones elementales para el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Por supuesto, la acción
también mostró los ya conocidos incumplimientos de los grupos armados organizados a sus compromisos de cese al fuego pactados con el gobierno.
La Fundación alertó que la fuerza pública no cuenta con las condiciones ni el apoyo por parte del gobierno nacional para cumplir su función constitucional y legal de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades.
En atención a lo anterior, y con una recolección de hechos ocurridos en los últimos años, la Fundación para el Estado de Derecho solicitó al Tribunal Administrativo de Arauca declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes públicos en el departamento.
Luego de revisar la evidencia allegada, el Tribunal admitió la demanda y analizará la amenaza a los derechos colectivos antes mencionados, así como la supervivencia colectiva de las comunidades indígenas que habitan en el territorio.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la población indígena asentada en el departamento de Arauca corresponde a 6.398 habitantes, es decir el 39% de la población en esta zona del país, comunidades que están siendo afectadas por la agudización del conflicto con consecuencias como: la restricción en la movilidad, afectaciones en el libre desarrollo de sus actividades diarias y autonomía, inseguridad alimentaria, y la pérdida de identidad cultural y espiritual.
Finalmente, al tratarse de la protección de derechos e intereses colectivos, la participación ciudadanía es fundamental, pues reafirma la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender la crisis. Por lo anterior, se invita a los interesados cuyos derechos están siendo vulnerados a intervenir ante el Tribunal Administrativo de Arauca para que presenten su intervención a través del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado:
con el radicado 81001233900020240006000.
