La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente desde Arauca para continuar con los diálogos como la vía para terminar con la violencia en Colombia, durante la presentación de un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos y el conflicto armado en esta región del oriente del país.
Marín Ortiz enfatizó en la necesidad de que los diálogos sean coherentes entre el discurso y la acción.
En su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Defensora subrayó que el principal gesto de paz y acción política es el respeto a los derechos humanos y el derecho a la vida. “Solo así los grupos armados podrán generar credibilidad en su carácter político en la mesa de negociación”, afirmó.
La situación en Arauca es alarmante, en lo que va del 2024, se han reportado 101 homicidios de población civil como resultado del conflicto armado, incluyendo el asesinato de 15 líderes y lideresas sociales.
A pesar de que las cifras pueden estar subregistradas, se ha documentado la retención de 127 personas, de las cuales 15 han sido asesinadas y 60 liberadas. La información sobre las 52 restantes es incierta.
La defensora Iris señaló que “tristemente, Arauca es uno de los departamentos que enfrenta más violencia y vulneración de derechos humanos en el país”, el primer compromiso que deben asumir los grupos armados ilegales en favor de la paz es el respeto por la vida, así como el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de las normas humanitarias esenciales para avanzar en los procesos de negociación».
Así mismo, destacó que, aunque la situación es compleja, es crucial que todas las partes involucradas se comprometan a un diálogo sincero que priorice la protección de la vida y los derechos humanos de la población.
La continuidad de las conversaciones se presenta como una esperanza necesaria en medio del contexto de violencia persistente en Arauca y en otras regiones del país.
Con ese llamado resaltó la urgencia de acciones concretas que busquen mitigar el impacto del conflicto armado sobre las comunidades más vulnerables y de reforzar la importancia del respeto a los derechos fundamentales en el proceso de paz en Colombia.
