La Procuraduría General de la Nación rechaza el ataque terrorista
perpetrado por el grupo armado ilegal,ELN ,a la base militar de Puerto Jordán en Arauquita, donde fallecieron dos uniformados y otros 26 resultaron afectados.
Para el Ministerio Público, ese grupo armado desconoció todo respeto por los medios y métodos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil, al ignorar la presencia de un establecimiento educativo ubicado a tan solo 1 km de lugar del atentado.
La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, manifestó su preocupación ante la compleja situación humanitaria y de seguridad que aqueja a a ese departamento que, según datos de las agencias de cooperación internacional, tiene 23 veredas
confinadas y cerca de 5.000 personas afectadas.
Desde agosto de 2024, cuando se suspendió el cese al fuego con el ELN, hemos asistido a una escalada de violencia terrorista en ese departamento, ataques
contra la población civil y contra infraestructura estratégica de la Nación.
La jefe del Ministerio Publico reiteró su preocupación por la escalada terrorista que afecta los derechos humanos de las comunidades de esta zona del país, que en lo corrido del año registra 119 personas desaparecidas, 14 líderes sociales asesinados, 10 acciones armadas sólo en los meses de julio y agosto de 2024, y que se agrava con las deficiencias en la prestación del servicio público eléctrico, que se encuentra suspendido en el departamento.
Requerimos con urgencia al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa
Nacional y la fuerza pública para que se adopten las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de todos los araucanos, se adelanten con celeridad las
investigaciones que permitan judicializar a todos los responsables de este ataque y
se realicen las labores de inteligencia necesarias para evitar que estos hechos se
repitan en este departamento.
El Ente de Control advierte a las autoridades que, con el anuncio del señor Presidente de la República del cierre de los diálogos de paz con este grupo armado organizado al margen de la ley, se puede generar una escalada de violencia aún mayor en las zonas de influencia del ELN, por lo cual solicita que se activen todas las capacidades para prevenir y proteger a la población frente a los ataques que pueda perpetrar este grupo terrorista.
La Procuraduría continuará monitoreando la situación de derechos humanos que
acontece en este territorio y vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las
autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos.
