La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Conflictividad Social y Regional Arauca, acompañó un proceso de mediación que culminó la movilización social en la planta de gas Gibraltar, localizada en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.
Tras cuatro días de diálogo en el municipio de Cubará (Boyacá), se lograron acuerdos entre las partes, lo que permitió la reanudación de las operaciones de la planta, tomada por la Guardia Indígena U’wa y la Guardia Interétnica Campesina desde el 29 de agosto.
Las mesas de negociación, que fueron presididas por el Viceministerio para el Diálogo Social y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, contaron con el acompañamiento y mediación de la Defensoría del Pueblo, quien facilitó la comunicación y construcción de confianza en el proceso y con ello evitar el desabastecimiento de gas para cerca de 300 mil familias del nororiente del país y alterar el funcionamiento de la refinería de Barrancabermeja.
Durante las sesiones de trabajo se abordaron problemáticas sociales y de derechos humanos que afectan a la población U’wa asentada en los departamentos de Boyacá, Norte Santander, Casanare y Arauca. Además, se tramitaron sus peticiones relacionadas con el funcionamiento integral de los servicios de salud y educación.
Entre los compromisos alcanzados se destacan el avance en la concertación del Plan de Salvaguarda, adjudicar y formalizar predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, el inicio del proceso de consulta previa para la delimitación de tres departamentos (Boyacá, Norte de Santander y Santander), así como el mejoramiento y mantenimiento de la Vía de la Soberanía y la Ruta de los Libertadores, entre otros.
Por último, la Defensoría del Pueblo actuará en calidad de garante de derechos humanos para realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y evitar el escalamiento de las conflictividades en la región.
