El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha anunciado que el Gobierno pedirá a la Fiscalía General de la Nación que investigue posibles casos de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras un grave incidente ocurrido en Arauca.
En este episodio, una camioneta, aparentemente vinculada a la UNP, fue interceptada mientras transportaba a una persona que había sido reportada como secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Aunque la UNP ha negado que el vehículo esté registrado en su base de datos, el ministro Cristo subrayó la necesidad de esclarecer los hechos. «Este se suma a muchos episodios que todos los días están sucediendo con la UNP, como transporte de armamento, de dinero en efectivo, yo creo que la situación es preocupante», declaró.
El incidente ha puesto en duda el manejo de los esquemas de protección, por lo que el Gobierno busca que las investigaciones determinen si existen irregularidades dentro de la institución.
El ministro Cristo confirmó que, junto al director de la UNP, Augusto Rodríguez, se realizará una reunión con la Fiscalía para iniciar una investigación detallada sobre los presuntos actos de corrupción. «Con el director de la UNP tenemos la intención de hacer una reunión con la Fiscalía para empezar una tarea de investigación e inteligencia, para poder develar toda esta trama de corrupción que hay al interior de la Unidad», añadió el ministro.
Por su parte, Rodríguez señaló que ya se ha conformado un equipo especial, en conjunto con la Fiscalía, para abordar las irregularidades en el uso de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad.
«Estamos creando un equipo especial con la Fiscalía de investigadores y fiscales para investigar y darle salida a todos los delitos denunciados que se cometen alrededor del servicio de protección, no solo por los escoltas, sino por muchos protegidos que abusan y utilizan los vehículos para todo tipo de situaciones», explicó.
El director de la UNP también mencionó que algunos vehículos asignados a parlamentarios han sido utilizados para actividades ilícitas, como el transporte de municiones y el cruce de fronteras de manera irregular. «Tenemos el caso de parlamentarios que sus vehículos han sido utilizados para transportar municiones y otras cosas como sacar los carros del país, cosas que rompen los protocolos», afirmó Rodríguez, señalando que tales abusos están sujetos a sanciones disciplinarias y penales.
El Gobierno se comprometió a tomar medidas contundentes para frenar el mal uso de los recursos destinados a la protección de personas en riesgo y garantizar la integridad de los esquemas de seguridad.
