- Se trata de un grupo de personas en Arauca que aseguran no haber sido incluidas por la extinta guerrilla en los listados que entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en 2017.
- A partir de la información recabada por la Sala de Amnistía o Indulto, se definirá si entran o no en los listados del Comité Técnico Interinstitucional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que los acredita como firmantes de paz.
- En la diligencia judicial, la magistratura les preguntó cómo fue su incorporación a las filas, en qué año ingresaron a las Farc-EP, qué hacían en la organización, quiénes eran sus comandantes y los motivos de fuerza mayor por los que no habrían sido incluido en los listados.
- En la diligencia regional, que se llevó a cabo en el AETCR Filipinas de Arauquita, la Sala también citó a funcionarios y exfuncionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, representantes de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y representantes del Partido Comunes.
En audiencia reservada en Arauca, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP escuchó a seis voceros de 32 personas que aseguran haber pertenecido a las Farc-EP, pero que no fueron incluidas por la extinta guerrilla en los listados entregados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en 2017.
A partir de esta diligencia sin precedentes, la magistratura recabó información para contrastar, atender sus solicitudes y resolver su situación jurídica.
Durante la diligencia judicial que se llevó a cabo el 31 de mayo, entre otros temas, las magistradas Alexandra Sandoval Mantilla y Marcela Giraldo Muñoz indagaron sobre el año y las circunstancias de su ingreso a las Farc-EP, la estructura a la que pertenecieron, quiénes eran sus comandantes, su rango en la extinta guerrilla y la razón de fuerza mayor por la que no fueron incluidos en los listados.
A las declaraciones recabadas, bajo la gravedad de juramento en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Filipinas, hoy conocido como ‘Villa Paz’, se suman otras fuentes de información como la de exmiembros y un representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un representante de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y Pastor Alape como excomandante de las Farc-EP y representante de Partido Comunes.
Ante la magistratura, los participantes de la diligencia relataron las dificultades que han vivido en el proceso de reincorporación por no haber sido reconocidos legalmente como firmantes de paz. Precisamente, bajo ese contexto, fue que este grupo de personas elevó una solicitud a la Sala de Amnistía o Indulto para que verificara su situación jurídica. Solo así podrán resolver su situación legal y acceder a los programas de reincorporación, económica, política y social que ofrece la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Al finalizar la diligencia, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, vicepresidenta de la sala, explicó que, basándose en la información recopilada pronto tomarán una decisión sobre la situación jurídica de las 32 personas de esta región que solicitaron a la JEP ser incluidas en los listados del Comité Técnico Interinstitucional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que acredita a quienes son reconocidos como exmiembros de las extintas Farc-EP.
Garantizar seguridad jurídica a las y los exintegrantes de las extintas Farc-EP que dejaron las armas, y están comprometidos con el Acuerdo de Paz, es fundamental para robustecer el proceso de reintegración a la sociedad y contribuir a que no se repita la tragedia del conflicto armado.
