Entre febrero y abril del año en curso fueron asesinadas ocho mujeres transgénero en el país, motivo por el que es sumamente preocupante para la Defensoría del Pueblo que siga siendo esa población la que, con mayor rigor, soporta la marginación y la violencia en su grado más extremo, situación que ha sido alertada en varias oportunidades por la entidad.
Ellas eran Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Luciana Román y Verónica Dantez, víctimas de los violentos en Bogotá; Valentina Barrera Delgado en Nariño y Thaliana Fajardo, a quienes unos intolerantes les segaron sus vidas en el departamento del Tolima.
“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La institución de derechos humanos les ha venido brindando acompañamiento y representación jurídica a las familias de las víctimas que han podido ser contactadas por las Duplas de Género. El fin es hacer el abordaje, por medio de espacios institucionales, y seguimiento de los casos, con el propósito de solicitarles las debidas medidas de prevención y atención.
El acompañamiento hecho y la necesidad de actualizar la política pública LGBTI
Durante el 2023 la entidad, con las y los funcionarios de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, acompañó 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, de los cuales 47 estuvieron relacionados con barreras en el acceso a la salud y 48 hechos fueron de hostigamiento y violencia institucional por uniformados de la Policía Nacional.
Si bien el Gobierno Nacional realizó el año anterior avances significativos y acciones para impulsar las voces LGBTI, el Defensor le hace un llamado: “El Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, deben cumplirle a la ciudadanía OSIGD-LGBTI en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándole su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022”.
Sobre la Mesa Nacional de Casos Urgentes
Así mismo, Camargo Assis le solictia al Gobierno activar de manera inmediata las mesas técnicas y darle celeridad a la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y al Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+.
La entidad, justamente en la primera Mesa Nacional de Casos Urgentes le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que revisara las dinámicas de trabajo de la misma Mesa, la cual no sesionaba desde hace más de cinco meses.
Frente al contexto actual tan crítico de violencia, le pide llevar a cabo de manera presencial y no virtual una sesión, resaltándole que el espacio cuenta con los documentos técnicos formulados para su aprobación desde agosto del 2023 y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
El seguimiento a las políticas públicas territoriales
“Instamos a las entidades competentes a hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas territoriales, con énfasis en acciones efectivas para la protección de las personas OSIGD-LGBTI, en el Valle del Cauca, que está sin plan de acción desde el 2016, en Norte de Santander, Quindío, en San José del Guaviare, entre otros departamentos y ciudades, donde se cuenta con política pública, pero no se implementa por ausencia de recursos”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
Situaciones de tal naturaleza, remarca el Defensor del Pueblo de los colombianos, aumentan la vulnerabilidad de las personas transgénero y limitan su acceso a la justicia.
Llamado a la UNP
Del mismo modo, la Defensoría exhorta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a realizar e implementar los análisis de riesgo conforme al Protocolo de Valoración de Riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos, disminuyendo los tiempos de respuesta entre el análisis y la implementación de medidas que puedan proteger la vida de las lideresas.
“Requerimos a todas las entidades para que sus actuaciones estén desprovistas de todo tipo de sesgos, y que sus funcionarias y funcionarios se abstengan de naturalizar el odio y el prejuicio contra la población OSIGD-LGBTI”, recalcó el Defensor del Pueblo.
