Los hechos de violencia que siguen siendo reportados en el departamento de Arauca son de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo, pues las directamente afectadas son las comunidades que viven en los cascos urbanos y en sus áreas rurales.
“Es inaudito que desde enero del 2022 hasta la fecha hayan sido reportados más de 600 homicidios de personas protegidas en Arauca. Solo en lo que va del 2024, nuestros equipos en terreno han registrado el asesinato de 60 personas.
La mayoría de los homicidios está relacionada con estrategias de control social o poblacional de supuestos colaboradores de uno u otro grupo armado ilegal, la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente y la mal denominada ‘limpieza social’”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante su visita a la capital del departamento, donde inauguró la nueva sede de la Regional Arauca, de la institución de derechos humanos.
La nueva sede permitirá que las comunidades tengan un acceso efectivo a la institución nacional de derechos humanos, donde les será brindada la atención requerida.
Es necesario de manera real y concreta poner los ojos en Arauca, agregó el Defensor, “que ha sido por años un territorio de disputa de grupos armados, situación que vulnera de manera grave y constante los derechos de las personas que quedan en medio de la disputa por el control territorial”.
La Defensoría del Pueblo constató que, en la mayoría de los casos, las víctimas de homicidio son primero desaparecidas y sometidas a lo que sería un supuesto ‘juicio revolucionario’ por supuestas violaciones de ‘normas’ impuestas por las estructuras armadas al margen de la ley.
“Le pedimos al Gobierno Nacional que haga presencia institucional, despliegue acciones que permitan garantizar los derechos de la población civil, que vive atemorizada por actores armados que hasta le ha impuesto ‘toques de queda’ para controlar los territorios. El departamento no puede continuar bajo el yugo de los actores armados y las organizaciones criminales, que diariamente atemorizan a la población civil en las zonas urbanas y sus campos”, llamó Camargo Assis.
Casos de desapariciones forzadas
En 2023 la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de más de 110 los casos de desapariciones forzadas en Arauca, y en 2024, de al menos 55. Actualmente, conoce que 61 personas aún permanecen desaparecidas.
“Muchas de las desapariciones no son puestas en conocimiento de las autoridades por los familiares de las víctimas, pues argumentan que temen represalias de los ilegales, ya que lanzan amenazas a través de panfletos o mensajes directos y secuestran de manera constante”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Asesinatos de líderes sociales
La Defensoría del Pueblo también ha constatado el asesinato de ocho líderes sociales en lo que va del 2024, y desde 2016 la cifra es de 53 líderes y defensores de derechos humanos que han sido ultimados. También persisten los atentados contra reincorporados de las extintas Farc y excombatientes que se han sometido a procesos de desmovilización.
Las advertencias hechas por la Defensoría
A través de la Alerta Temprana (AT) 023 de 2021, emitida para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, y de la AT 011 de 2023, emitida para los municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Saravena y Fortul, la Defensoría ha elevado diferentes recomendaciones a instituciones del Estado para evitar que sigan siendo vulnerados los derechos de la población civil.
La entidad ha realizado, además, diversos informes de seguimiento a las situaciones reportadas en los documentos de advertencia y reiterado el llamado a la institucionalidad gubernamental: presten atención, real y efectiva, a la situación del conflicto armado que persiste en el departamento.
