“Rechazamos el material audiovisual en el que se ve a un grupo de estudiantes, en la subregión nortesantandereana del Catatumbo, que está siendo instrumentalizado y coaccionado para que agradezca por unos kits escolares que habrían recibido del Frente 33 de las disidencias de las Farc”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El video, publicado en la cuenta de una red social de quien sería un integrante del Estado Mayor Central (grupo disidente fariano), añadió el Defensor, “no solo evidencia el control social y territorial que ejerce el grupo armado ilegal en la zona, sino que también da cuenta del aumento del riesgo que corren niñas, niños y adolescentes de ser reclutados bajo falsas esperanzas de adquisición de poder, armas y otras ilusas promesas”.
La situación le preocupa a la Defensoría del Pueblo, máxime que ha insistido en diferentes escenarios y oportunidades cómo ese tipo de hechos son cada vez más constantes. Motivo por el que los gobiernos nacional, departamental y municipal deben seguir fortaleciendo los entornos protectores para los menores de edad, con la finalidad de evitar que sean víctimas de cualquier tipo de afectación.
“Reiteramos, así mismo, la necesidad de que sea logrado un despliegue de oferta institucional y social en varias áreas, comenzando por la educativa, en todo el país, particularmente en aquellas regiones donde más arrecia el conflicto armado, para que disminuyan ostensiblemente situaciones como la evidenciada en la grabación”, señaló Carlos Camargo Assis.
La población civil y especialmente niñas, niñas y adolescentes no deben formar parte del accionar de las estructuras al margen de la ley. La infancia y la adolescencia deben estar en las escuelas y colegios formándose y desarrollando su pleno potencial, no acompañando actividades que adelanten las organizaciones armadas.
“Instamos a los grupos armados ilegales que tiene presencia en todo el territorio nacional a abstenerse de generar acciones que vinculen directamente a nuestros niños y niñas en el conflicto armado, pues además de ser una grave violación a sus derechos, contraría los postulados del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que prohíben cualquier tipo de vinculación de menores de edad al conflicto”, enfatizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
