“Ningún menor de 18 años en Colombia debe formar parte de los grupos armados ilegales. Por lo mismo y al ser sujetos de especial protección, como lo dice la Corte Constitucional, deben estar en el seno de sus familias, educándose en escuelas y colegios y no portando un fusil obligados ni bajo el mando de las estructuras armadas al margen de la ley”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Su pronunciamiento se debe a las recientes declaraciones de un congresista —hechas en el pleno del Senado de la República— en las que dijo que el ELN, grupo rebelde que adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, tiene la supuesta licencia para reclutar niñas y niños entre los 15 y 17 años.
“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el desarrollo del conflicto armado es un delito cruel que no tiene justificación. Infortunadamente, es naturalizado por quienes tienen mentes retorcidas, así como por quienes están al mando de organizaciones al margen de la ley, grupos que lo único que hacen es truncar el porvenir de las nuevas generaciones en nuestro país”, afirmó Carlos Camargo Assis.
A propósito de este fenómeno, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 005 del 2023, advirtió la concentración de las afectaciones por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como la existencia de «escuelas de entrenamiento» en Toribío, Caldono, Corinto, Buenos Aires y Suárez (Cauca).
“Ningún niño o niña, preadolescente o adolescente puede ser forzado y puesto a disposición de la guerra. El ELN y todos los grupos armados liberales tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el Gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones, como uno de los inamovibles para seguir negociando”, añadió el Defensor del Pueblo.
Las delegaciones del Gobierno de turno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) deben dar a conocer con detalle cada acuerdo alcanzado en los ciclos de negociación para que la opinión pública y la sociedad en general, así como las entidades que velan por la protección de los derechos humanos, como es el caso la Defensoría del Pueblo, tengan claro el verdadero propósito en el camino hacia la paz para el país.
Dos puntos inamovibles en una negociación que tenga como fin alcanzar la paz con cualquier grupo armado son, recuerda Carlos Camargo Assis: “El primero, y lo hemos dicho en distintas oportunidades y escenarios, es que las estructuras armadas le pongan fin al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y el segundo, que renuncien a la abominable práctica de los secuestros. Los dos delitos son una abierta infracción al derecho internacional humanitario”.
A un menor de edad en el conflicto no solo le están violentando sus derechos fundamentales, finalizó el Defensor del Pueblo, «también lo están condenando a sufrir problemas serios de salud, como depresión, ansiedad, estrés postraumático, por mencionar algunas afectaciones de consideración. Le están cercenando su futuro”.
La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, manteniendo en el foco de su seguimiento la gravedad de este fenómeno para llamar la atención del Gobierno Nacional e insistir en la implementación de un programa integral para su prevención. El propósito es que sean mitigados los escenarios de riesgo advertidos por la entidad de derechos humanos a través del SAT.
