La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Conflictividad Social y Regional Arauca, participó en el espacio de diálogo liderado por el Ministerio del Interior para abordar el pliego de peticiones presentado por el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC), que adelanta una jornada de movilización de exigibilidad de derechos en Saravena (Arauca).
Tras varias horas de conversaciones entre los voceros de la movilización social, representantes del Gobierno Nacional y de la empresa petrolera Parex Resources, no se lograron acuerdos en torno a las demandas sociales presentadas por la comunidad que permitieran levantar la protesta social que se adelanta desde el pasado 22 de enero en áreas colindantes a los campos petroleros.
El diálogo contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo, que facilitó y moderó las intervenciones de las partes para buscar y concertar acuerdos. Sin embargo, la falta de tiempo y de respuestas concretas de solución, por parte de las entidades del gobierno, no permitió el cierre satisfactorio de la mesa, ni la definición de un cronograma de trabajo en búsqueda de una salida pronta y eficaz a la movilización mediante acuerdos verificables y efectivos.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo reitera el llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales de Arauca, a las empresas petroleras y a los voceros de la movilización, a sumar esfuerzos destinados a resolver las necesidades de la comunidad que motivan la protesta en mención.
Además, insta a que se cumplan los acuerdos de inversión social, productividad, de derechos humanos, entre otros, que se han suscrito en pasadas mesas de negociación con las organizaciones movilizadas, para que de este modo se levante la protesta y se restablezca las operaciones de la empresa petrolera.
Urge la garantía de los derechos políticos de líderes y participantes de la protesta social que se adelanta actualmente en Arauca y se evite la estigmatización, persecución y judicialización de sus voceros. También que se aseguren los derechos de 860 trabajadores de la empresa Parex, a quienes se les suspendieron los contratos por causa de la paralización de las operaciones en Saravena y Tame, donde se presenta la movilización social.
