la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reveló que las masacres en Colombia experimentaron un preocupante aumento en el año 2023. De acuerdo con el documento, se registraron 98 masacres, seis más que en el año anterior, dejando un saldo de 320 víctimas, entre ellas 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y siete niñas.
El informe detalla que 18 de las víctimas pertenecían a pueblos étnicos, incluyendo 15 indígenas y tres afrodescendientes. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Además, se destaca que el 93% de estos actos violentos fueron perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
En otro aspecto alarmante, el informe revela que durante el mismo período se registraron 105 homicidios de líderes sociales, 11 menos que en el año anterior. Estos crímenes afectaron a 14 mujeres, 87 hombres, una persona no binaria, dos hombres gays y una mujer transexual. Los departamentos más afectados en este sentido fueron Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca.
El desplazamiento forzado y el confinamiento también fueron preocupantes fenómenos en 2023. El informe señala que alrededor de 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 fueron confinadas. Del total, el 55% de las personas desplazadas y el 79% de las confinadas pertenecían a pueblos étnicos. Los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, mientras que el confinamiento afectó principalmente a Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño.
Por último, el informe destaca un panorama inquietante en cuanto a las violencias basadas en género. En el año 2023 se reportaron 53 casos en varios departamentos, incluyendo Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander. La Oficina documentó casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas, llevadas por grupos armados no estatales a sus campamentos en Chocó y Nariño.
La situación planteada por este informe subraya la urgente necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia en Colombia y fortalecer los esfuerzos para proteger los derechos humanos y la seguridad de la población afectada.
