Luego del asesinato del dragoneante Carlos Andrés Sandoval Ortiz en Cúcuta, quien formaba parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Defensoría del Pueblo lamenta el nefasto suceso y le envía un sentido mensaje de condolencias a su familia.
“Este repudiable crimen pasa a formar parte de la preocupante y alarmante cifra de 63 funcionarios del Inpec asesinados en los últimos siete años en Colombia, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Justicia, con corte a agosto pasado”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El preocupante panorama, añade el Defensor, “da cuenta de la vulnerabilidad permanente a la que están expuestos quienes integran el sistema penitenciario y carcelario en el país, lo que, en consecuencia, debe ser motivo de peso para que sean puestas en marcha medidas efectivas y urgentes que propendan por la protección de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en general de todos los trabajadores estatales del Inpec”.
Para la Defensoría del Pueblo, la seguridad de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no puede quedar a merced de anuncios mediáticos, los cuales, con el paso de las semanas, son susceptibles de quedar en el olvido.
“Es el Gobierno Nacional, a través de sus entes competentes, el que debe hacer una revisión profunda de sus políticas y procedimientos en la materia. La asignación de los recursos adecuados, por ejemplo, la coordinación con entidades encargadas de la seguridad y la mejora de los protocolos de respuesta a incidentes”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
Los criminales no pueden doblegar al Estado
Otro punto y no menos importante para la entidad garante de los derechos humanos tiene que ver con las investigaciones sobre los homicidios, amenazas y atentados contra el personal penitenciario. Ello requiere un trabajo articulado de la institucionalidad gubernamental para que las respectivas averiguaciones de fondo judiciales arrojen resultados, con la finalidad de que los responsables sean identificados, capturados, llevados a juicio, procesados y condenados.
“Un trabajo coordinado y con las conclusiones esperadas servirá para disuadir futuros actos de violencia contra el personal penitenciario en todas las regiones del país y reafirmar el compromiso del Estado con la seguridad y el bienestar de sus funcionarios.
Los criminales, haciendo amenazas en videos o audios o materializando sus advertencias, no pueden doblegar al aparato estatal”, remarca el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Fiel a su mandato de proteger y promover los derechos humanos en el territorio nacional, la Defensoría del Pueblo acompaña y apoya a los servidores públicos del sistema penitenciario en su arriesgada labor, en condiciones adversas contra su vida e integridad, de custodiar los establecimientos de reclusión, cuyo fin es la preservación de los derechos fundamentales de quienes habitan en Colombia.
