“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países.
En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al hacer un balance sobre el informe ‘Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023’.
El año pasado ocurrieron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 de la misma naturaleza.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial.
La duración de los enfrentamientos, que en algunos casos superó un día, y su impacto en la población civil se evidenciaron en repetidas ocasiones, puesto que las familias se vieron afectadas en razón a la cercanía de ese tipo de hechos violentos a las áreas pobladas.
En total fueron 17 los departamentos víctimas de desplazamiento forzado masivo, siendo Nariño el más afectado, con 58 eventos, que impactaron a 9445 familias, integradas por 23.483 personas. Le siguen Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve.
En cuanto a las épocas del año, los meses que presentaron un mayor incremento en el número de eventos fueron de julio a septiembre (tercer trimestre), con 56. En el 2022, el mes con más afectación fue enero, con un total de 31 eventos.
El panorama de los confinamientos
Durante el 2023 hubo 215 confinamientos, con una afectación a 18.356 familias, el equivalente a 66.279 personas, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132.
El confinamiento se dio en diez departamentos; el más golpeado fue Chocó, con 124 eventos (10.313 familias afectadas, es decir, 40.414 personas). Le siguen Putumayo, con 22 eventos; Nariño, con 21; Arauca y Valle del Cauca, con 13 cada uno, y Cauca, con 12.
En el 30% de los eventos de confinamientos, las comunidades negras son las más afectadas; el 50%, población indígena, y el 20% restante de los eventos ha afectado a la población campesina.
Situación sobre riesgos de desplazamientos o confinamientos
Finalmente, en el 2023 se registraron 124 eventos de riesgos de desplazamiento masivo forzado o confinamiento, con mayor afectación en Caquetá, con 26; seguido de Antioquia, Chocó y Putumayo, con 11 eventos cada uno. Durante el 2022 se presentaron 143, lo cual evidencia que los eventos de riesgo disminuyeron en el 2023, pero debido a que se materializaron en confinamientos y desplazamientos forzados masivos.
Los departamentos con mayor afectación de riesgo para el 2022 fueron Antioquia, con 19 eventos; Nariño, con 18; Putumayo, con 16; Cauca, con 15; Chocó, con 13; Bolívar, con 12, y Valle del Cauca, con 10. Ese año hubo 19 departamentos con afectaciones, mientras que para el 2023 la misma conducta se presentó en 20 departamentos.
Lo que debe hacer la institucionalidad gubernamental
El principal factor de riesgo evidenciado es el aumento de los cultivos de uso ilícito, que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes zonas y disputa territorial de los grupos armados ilegales, generando homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos.
No solo es reaccionar para atender a las víctimas, como recomendación clave formulada por la Defensoría del Pueblo, sino trabajar en prevención para que no haya más desplazados y confinados.
“Esto se hace frenando las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz”, recalcó Carlos Camargo Assis.
