“Si eventualmente son suspendidos los diálogos con los grupos armados ilegales con los que son adelantadas conversaciones, el Gobierno Nacional debe prevenir posibles acciones bélicas indiscriminadas contra la población y sus bienes civiles”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, sustentado en la recientemente emitida Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 036 del 2023.
El documento de advertencia indica que hay un riesgo inminente, particularmente en 12 municipios del Cauca y dos del Valle del Cauca, por el alto riesgo de que se presenten ataques indiscriminados de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos (del Estado Mayor Central, disidencia de las Farc comandada por ‘Iván Mordisco’) que en su accionar han afectado a las comunidades.
Los municipios advertidos en la ATI son Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló, Caldono, Morales y Cajibío, en el Cauca, y Dagua y Jamundí, en Valle del Cauca, localidades donde hace presencia la disidencia de ‘Mordisco’.
“El Gobierno, igualmente, debe establecer medidas para evitar que los actores armados al margen de la ley acudan a acciones violentas tras una eventual suspensión de ceses al fuego acordados, tal como sucedió en mayo de este año con el Estado Mayor Central en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta”, es otro de los llamados de Carlos Camargo Assis.
En la Alerta Temprana son detallados algunos hechos, por ejemplo, el ataque en Timba (municipio de Buenos Aires, Cauca), el 20 de septiembre pasado, y el atentado en Potrerito (Jamundí, Valle del Cauca), dos días después. En los dos casos, el Frente Jaime Martínez habría utilizado artefactos explosivos improvisados para atentar contra las estaciones de Policía de los dos corregimientos.
La acción criminal en Timba dejó dos personas muertas y cinco más heridas; a estos lamentables hechos se sumaron el desplazamiento de 20 familias y la destrucción parcial o total de algunas viviendas. El atentado en Potrerito, entre tanto, dejó heridas a 10 personas.
“En la Defensoría del Pueblo apoyamos los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con los grupos armados ilegales, sin embargo, deben ajustarse a las condiciones reales de un proceso complejo y cambiante, por eso hacemos esta nueva advertencia”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
