Estructurar un sistema de educación posmedia, reconociendo el papel de actores públicos y privados en ese ámbito, es el llamado que la Defensoría del Pueblo le hace al Gobierno Nacional, luego de que el Ministerio del ramo radicara en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Estatutaria de educación.
“Todos estos actores desempeñan un papel fundamental en la garantía progresiva del derecho a la educación y en la prevención de posibles retrocesos en el acceso a la educación de calidad. Reiteramos nuestra postura de promover el pluralismo educativo”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Calificó como oportuno que las metodologías y procesos educativos sean pertinentes y adecuados a la comunidad y su contexto regional y cultural, respetando los derechos humanos y los sistemas educativos propios.
Camargo Assis indicó, además, que es pertinente preservar la diversidad educativa en el país: “Las instituciones privadas complementan las ofertas del sector público, enriqueciendo el sistema educativo y beneficiando a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, es por esto que cualquier medida hacia las instituciones privadas debe garantizar la diversidad educativa”.
El texto recién radicado en el Legislativo, igualmente, debe apuntarle a una formación integral inclusiva, pluralista, equitativa y con calidad, como parte de la garantía del derecho fundamental de la educación, y que aplique en todos sus niveles; es decir, desde las primeras edades hasta la formación plena profesional.
Así mismo, es clave que incluya la importancia de la aceptabilidad (calidad e idoneidad) y la obligación del Estado en promover y vigilar la calidad de las metodologías y de los procesos educativos.
“Otro aspecto crucial es materializar el derecho a la educación con calidad en las zonas rurales de Colombia y hacerle el debido seguimiento. También, garantizar la idoneidad académica, ética y pedagógica de los docentes, la dignificación de su labor, su profesionalización y formación integral. Los estímulos al cuerpo docente son relevantes para asegurar la educación en todos los territorios del país”.
Diálogos impulsados por la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promoverá diálogos abiertos, democráticos y participativos para conocer las perspectivas de distintos sectores sobre el proyecto propuesto por el Ejecutivo. En estas mesas serán analizados sus aciertos y desaciertos.
“La participación activa y el diálogo son esenciales para lograr un sistema educativo de calidad que beneficie a la sociedad en su conjunto. En razón a ello, continuaremos comprometidos en aportar de manera constructiva para que el derecho fundamental a la educación sea garantizado”, recalcó el Defensor del Pueblo.
La entidad garante de los derechos humanos en el territorio nacional valora el hecho de que distintos sectores hayan sido tenidos en cuenta para la elaboración del proyecto, como la academia, que, a través de distintas voces (estudiantes, profesores, expertos), hizo una serie de aportes al texto finalmente presentado en el Congreso de la República.
