“En la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, instamos una vez más al Estado, con el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad en su conjunto, a fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano”, fue el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La labor defensorial para seguir afrontando esta grave amenaza para derechos como la libertad y la dignidad humana permitió que la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, a través de sus Duplas de género presentes a lo largo y ancho del territorio nacional, acompañara 236 casos entre enero del 2018 y junio del 2023. De ese total, 212 (el 89%) correspondieron a victimizaciones contra niñas, adolescentes y mujeres; 60 de ellos (el 25,4%) estuvieron relacionados con la esclavización de personas migrantes.
“La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que cada día afecta a más personas nacionales y extranjeras, sin que existan los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”, indicó Carlos Camargo Assis.
El panorama nacional sobre la problemática
Los lugares donde se ha agravado la problemática (el mismo periodo: 2018-junio de este año) son Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13), sin que deje de ser preocupante la situación en los demás departamentos en los que no existen las suficientes herramientas para la prevención e identificación de contextos de riesgo y de casos.
La Dirección Nacional de Defensoría Pública, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1066 de 2015, está representando judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales.
Las advertencias debido al riesgo de trata
A partir de la expedición del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo, por medio de su Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, ha emitido 40 Alertas en las que advierte el riesgo de trata de personas en el desarrollo del conflicto armado y en conexidad con otras violencias. A la fecha, esta conducta ha sido identificada en 133 municipios de 25 departamentos.
De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos.
El requerimiento al Estado
Por lo anterior, es necesario que el Estado colombiano pueda avanzar en tres frentes claves:
• La detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos.
• La evaluación de manera progresiva y participativa de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020).
• La definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante, con el fin de mitigar el alto riesgo de esclavización en el que se encuentra.
“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
