La Defensoría del Pueblo dio a conocer un reporte de desplazamientos forzados de los primeros cinco meses del 2023 en el país. Entre enero y mayo se presentaron 43 desplazamientos, que equivalen a 6.081 familias; es decir, 15.437 personas.
El reporte de la Defensoría del Pueblo advierte que los los departamentos del Pacífico son los que reportan el número más alto de eventos masivos de desplazamientos en el territorio nacional: Nariño, con 17; le siguen Valle del Cauca, con diez; Chocó, con cuatro; Cauca, con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registran un evento cada uno.
“Este reporte sobre desplazamiento nos muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil, necesitamos verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz total que adelanta el Gobierno Nacional”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa para que las comunidades se desplacen, con 25 de los 43 eventos; luego siguen las amenazas, con ocho, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, con cuatro eventos cada uno.
Precisamente, este fin de semana un equipo de la Defensoría del Pueblo acompañó a aproximadamente 1.500 personas de comunidades étnicas que debieron salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, en Chocó, por cuenta de los enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).
En el reporte, elaborado por la Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo revela que febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con 13 casos.
Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen.
Finalmente, el Defensor del Pueblo hace un llamado para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, de cara a los comicios regionales de octubre próximo, tengan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan atender de manera digna e inmediata a las personas y familias que son víctimas del desplazamiento forzado.
