Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes indígenas en Leguízamo (Putumayo), pero de manera especial el homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el sector de El Estrecho, del municipio de Solano en el departamento de Caquetá, en límites con Amazonas.
Así lo manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de conocer que los menores de edad habrían sido reclutados forzosa e ilegalmente en zona rural de Leguízamo, Putumayo, por parte de la Disidencia Frente 1 Carolina Ramirez de las Farc.
El Defensor del Pueblo se solidarizó con las familias de las víctimas, e hizo un llamado al Estado para brindar inmediatamente protección, acompañamiento y asesoría a las cuatro familias en el departamento del Putumayo, quienes se sienten en riesgo por las represalías que puedan provenir del grupo armado ilegal por los hechos ocurridos.
Carlos Camargo Assis también solicitó a las autoridades atender las 44 recomendaciones previstas en la Alerta Temprana 002-2022 para el municipio de Leguízamo, especialmente, lo relacionado sobre el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en ese sector del departamento, y de la cual se han realizado de manera permanente informes de seguimiento.
Finalmente, el Defensor del Pueblo solicitó a todas las entidades públicas que hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención, Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños Niñas y Adolescentes (CIPRUNA) reforzar los mecanismos legales para enfrentar el flagelo del reclutamiento de menores de edad y solicita al Gobierno Nacional la instalación inmediata del Puesto de Mando Unificado en el departamento de Putumayo para atender esta grave situación.
“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que genera es el rechazo social y la desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el Gobierno de cara a un proceso de negociación”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
