La incidencia del conflicto armado en el municipio de Tame (Arauca) y las dificultades geográficas de la región, entre otros factores, conforman un complejo escenario para el acceso a mecanismos de justicia.
Por eso, el proyecto de Sistema Local de Justicia en Tame, de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), fortalece a los actores locales en la mediación de los conflictos para así acercar la justicia a las comunidades.
Tame es uno de los siete de municipios del departamento de Arauca, frontera con Venezuela. Con una población cercana a los 57.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este municipio presenta una serie de factores de riesgo para sus pobladores, como lo evidencian la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Para estos organismos es clara la vulneración de los derechos humanos en el municipio y en el departamento, por la presencia de grupos armados como la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y la aparición de grupos paramilitares.
Según el Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia), en los dos últimos años Arauca encabeza la lista de las tasas más altas de homicidios, y los municipios de Fortul, Saravena y Tame los que tienen cifras más altas.
“La incidencia del conflicto y las dificultades en la ruralidad son algunas de las causas que limitan el acceso a las justicia de los tameños”, como lo revela el abogado Diego Galván, coordinador del proyecto de Sistema Local de Justica de Tame, quien, con un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, realizan en conjunto con otras entidades un diagnóstico para entender qué barreras enfrenta la comunidad de la zona para tener mecanismos de justicia.
Viendo esta situación, este grupo de profesionales acompaña los procesos –ya existentes en la zona– sobre justicia comunitaria al municipio como una herramienta para solucionar los conflictos, entendiendo que todo conflicto merece una atención integral para que no escale a instancias mayores.
“La justicia comunitaria puede ser más sensible y cercana a las necesidades y los conflictos reales y cotidianos de las personas. Además, dicha cercanía también es posible porque quienes la administran son líderes o integrantes de la comunidad”.
“En la justicia comunitaria las normas se basan en la comunidad, no son jurídicas, y los procesos que se utilizan tienden más al diálogo, a la reconstrucción del tejido social, a evitar que se generen adversarios y a ver el conflicto como una oportunidad de construcción”, explica el abogado Galván.
Desde 2006, la Escuela de Justicia Comunitaria de la UNAL capacita a los actores locales para convertirse en “conciliadores en equidad”, una figura que permite mediar con la comunidad en situaciones de conflicto. Esta formación va a la par de los lineamientos de Minjusticia, en los cuales las personas tienen las herramientas necesarias para actuar ante dichas situaciones y así generar incluso actas con efectos jurídicos.
Así, a los conciliadores en equidad les llegan casos de conflictos de arriendo, deudas, inasistencias alimentarias y conflictos vecinales, entre otros, e incluso han intervenido en casos de agresiones físicas o de violencia sexual.
Llevar la justicia a la ruralidad
Los investigadores no pudieron ignorar el hecho de que Tame es un municipio conformado en su área rural por 129 veredas, 11 distritos y 18 centros poblados, por lo que la distancia al casco urbano, sumada a la situación de seguridad, es un agravante para acceder a la justicia.
Por ello promueven la estrategia de los “terminales rurales de justicia”, con los que buscan que actores comunitarios –como miembros de las Juntas de Acción Comunal, pastores de las iglesias, docentes o líderes sociales– puedan mediar y gestionar los conflictos de la comunidad.
“El Sistema no se puede quedar solo en el casco urbano, sino que en la ruralidad también debe haber actores comunitarios que se articulen con otros operadores como inspectores de policía, jueces, comisarías de familias, o con los mismos conciliadores en equidad”, expresa el abogado Galván.
Para ello, en cerca de 20 veredas crearon terminales de 3 o 4 actores que tuvieran cierto reconocimiento en la comunidad para que los ciudadanos lleven sus casos. Cuando –por las características del caso– requieran intervención, los actores comunitarios pueden contactar con un conciliador en equidad que sirve de enlace con autoridades locales.
Este proyecto forma parte de la extensión solidaria de la UNAL Sede Orinoquia y busca seguir beneficiando a las comunidades del municipio con acceso a la justicia.
