En medio del debate sobre la reforma al sistema de salud, la reflexión jurídica cobra vital importancia, en la medida que, tanto la autoridad administrativa como la judicial, constituyen un recurso necesario para la protección del derecho fundamental a la salud.
Así lo destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien considera que uno de los retos actuales es que no sea necesario acudir a la tutela o a otros mecanismos administrativos ante organismos de control, para buscar la protección efectiva del derecho a la salud.
Durante el Primer Encuentro Jurídico del Sector Salud, convocado por el Ministerio de Salud, Carlos Camargo Assis presentó el Decálogo de Logros y Desafíos construido por la Defensoría del Pueblo, en el que se plantean los avances y los temas por mejorar en el sector, teniendo en cuenta incluso que el 47% de las quejas que recibe la Entidad tienen que ver con vulneraciones al derecho fundamental a la salud.
“Hay un reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, sin discusión jurídica al respecto; sin embargo, el desafío para la materialización efectiva del derecho está en mejorar la oportunidad de la atención, en especial de medicina especializada, así como en tratamientos y medicamentos”, recalcó el Defensor del Pueblo sobre el primer punto del Decálogo.
En segundo lugar, se indica que, aunque el sistema ha logrado un bajo gasto de bolsillo para los hogares; se debe superar la cantidad de barreras y trámites que obligan a muchas familias a preferir pagar en los canales comerciales los servicios y medicamentos.
El Decálogo también establece que el principal logro del sistema de salud es la cobertura universal, la cual se acerca al 99% de nuestra población. Aun así, hay que superar el déficit e inequitativa distribución en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios, en especial para los habitantes de las zonas más alejadas y dispersas de nuestra geografía.
Un tema importante ha sido el del talento humano en salud, que ha aumentado y sus condiciones laborales han mejorado, en la medida que se han erradicado modalidades como las cooperativas. Pero el desafío está en superar el déficit que se sigue viviendo con la inequitativa distribución de médicos y en particular de especialistas. Además de la homologación de algunas profesiones de salud y la dignificación de las profesiones.
El Decálogo también advierte la existencia de un sistema de aseguramiento equitativo, con una prima de aseguramiento consistente en una UPC (unidad de pago por capitación), tanto para la población del régimen contributivo, como para el régimen subsidiado. Y el desafío consiste en que se implemente en la realidad, más allá de las normas y regulación, una UPC diferencial para zonas dispersas y población que requiere atención con enfoque diferencial.
En otro punto explica que, si bien hay una mejora sustancial en los indicadores de la salud pública y de morbilidad y en políticas de prevención adoptadas como el tabaquismo, el etiquetado de comida chatarra o la vacunación; el reto es la baja inversión por parte del sistema de salud en programas de promoción y prevención de salud, y en la escasez de acciones de salud mental.
De otro lado se reconoce que el sistema brinda acceso universal a tratamientos integrales, medicamentos y dispositivos; pero a la vez existen escasez, barreras de orden administrativo y desabastecimiento en los canales de dispensación, que impiden la entrega oportuna y completa, en especial en zonas dispersas y apartadas.
Por último, a pesar de contar con redes construidas en niveles de complejidad en la atención y sistemas de referencia y contrarreferencia en todo el territorio nacional; el desafío está en la forma como se contrata a la red prestadora, en especial la integración vertical que impide una equitativa y oportuna prestación de los servicios.
“Debemos reiterar que los derechos fundamentales no se limitan a los enunciados en los textos constitucionales, en leyes estatutarias o en tratados internacionales, son aquellos dados a toda persona, por su condición humana, son preconstitucionales y tienen mecanismos de protección subsidiaria y reforzada. Cuenten con la Defensoría del Pueblo para la defensa de este importante derecho siempre y en cualquier lugar”, concluyó el Defensor del Pueblo.
