La Defensoría del Pueblo adelanta labor de monitoreo especial y presentará resultados periódicos sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del proceso de paz que impulsa el Gobierno Nacional.
“Entre el 1 y el 20 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo monitoreó y verificó la ocurrencia de 6 acciones después de emitidos los decretos por el Gobierno Nacional de cese al fuego, 5 de ellas por acciones de los grupos armados ilegales que se acogieron a la propuesta del Gobierno”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Todos los hechos ocurrieron en el suroccidente del país y, presumiblemente, habrían involucrado a facciones disidentes de las antiguas Farc-EP adscritas al Comando Coordinador de Occidente, macroestructura que se presume parte del denominado ‘Estado Mayor Central’ y en un evento, a miembros de la fuerza pública.
En el Boletín No. 1 de monitoreo defensorial en el contexto del anuncio gubernamental de cese al Fuego Bilateral y Temporal con cuatro grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo informó que los casos tuvieron lugar en la zona costera de Valle del Cauca, norte y sur del Cauca.
“Vale destacar que las zonas de ocurrencia de estos eventos cuentan con Alertas Tempranas activas y en proceso de seguimiento. En varias de ellas se ha advertido la ocurrencia de acciones bélicas que, al desarrollarse cerca de los lugares que habita la población civil, pueden implicar efectos indiscriminados sobre sus vidas o bienes”, recalcó Carlos Camargo.
El 3 de enero se registró un hostigamiento contra la estación de Policía de Suárez (norte del Cauca), donde opera el Comando Coordinador de Occidente del Frente Jaime Martínez.
El 4 de enero, integrantes de la Armada Nacional, en el marco de sus labores de patrullaje, habrían realizado disparos de advertencia contra grupos armados ilegales en la comunidad de Primavera, en zona rural de Buenaventura. En ese sector opera el Frente Jaime Martínez del comando coordinador de Occidente y el ELN.
El 9 de enero se presentó un hostigamiento contra la estaciones de Policía
de Corinto en el departamento del Cauca.
Allí opera el Comando Coordinador de Occidente, Columna Móvil Dagoberto Ramos.
Aunque los dos hostigamientos no generaron afectaciones directas contra la población civil, sí constituyen un riesgo para la ciudadanía por estar ubicados en zonas urbanas.
En estos casos, la Defensoría del Pueblo ha insistido en sus documentos de advertencia en la importancia de observar, además del principio de distinción, la precaución y proporcionalidad en la conducción de las hostilidades para evitar al máximo posible afectaciones a civiles y a sus bienes.
También el 9 de enero se detectó un artefacto explosivo en el corregimiento La Toma, vereda Yolombó, del municipio de Suárez (Cauca), en la ruta que tenía prevista transitar el esquema de seguridad de la Vicepresidenta de la República. Aunque el hecho no ha sido adjudicado a ningún grupo armado, en la zona tiene presencia el frente Jaime Martínez.
El 11 de enero, en el municipio Patía (Cauca), habría sido retenido el sargento segundo del Ejército Juan Gabriel Chicanoi, quien para el momento de los hechos estaba de permiso.
El 15 de enero se reportó la retención de 3 soldados profesionales que se encontraban viajando en transporte público sobre la ruta alterna (derrumbe en Panamericana-Rosas) en el sector conocido como El Hoyo (municipio de Patía).
Vale destacar que el 18 de enero, el Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las Farc, entregó los 4 militares a una comisión humanitaria.
Finalmente, el Defensor del Pueblo les recordó a los grupos armados que “un compromiso con la paz total requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”. Al Gobierno Nacional por su parte le reiteró la necesidad de que expida los protocolos donde se establezcan todos los detalles relacionados con el proceso de monitoreo y verificación.
“La Defensoría seguirá en su labor para advertir y prevenir la ocurrencia de hechos que afecten los derechos humanos de la población civil, no solo con los grupos armados ilegales que se unen al cese al fuego; sino con todos los que puedan amenazar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad y el Derecho Internacional Humanitario, DIH”, puntualizó Carlos Camargo.
Otros hechos violentos por fuera del cese bilateral
Aunque no son acciones relacionadas con el cese al fuego, la Defensoría del Pueblo destaca la ocurrencia de algunos hechos vulneratorios de los derechos de las comunidades:
El 9 de enero en zona rural de Puerto Rondón (Arauca), se presentaron enfrentamientos armados entre el ELN (grupo que no forma parte de los decretos del cese) y facciones disidentes del Comando Conjunto de Oriente de las Farc (perteneciente al Estado Mayor Central). Allí fueron encontrados 9 cuerpos identificados como guerrilleros y otros dos sin identificar, así como el confinamiento de la población de algunas veredas.
En Cauca, de otra parte, se informó sobre el hurto de un vehículo de la Alcaldía de Caloto y el secuestro del conductor, quien luego fue dejado en libertad. Así mismo, en Puerto Trujillo, zona rural de Puerto Gaitán (Meta), presuntos miembros de la Facción Disidente Frente 36 (estructura que se estima pertenece al denominado Estado Mayor Central) secuestraron a un trabajador de una empresa energética cuando se desplazaba en una camioneta de dicha compañía junto con el conductor de la misma.
Así mismo, en Balboa (Cauca) y en Policarpa (Nariño), se monitorearon dos eventos en los que miembros de facciones disidentes del Comando Coordinador de Occidente hicieron demostración abierta de su presencia y capacidad de control social.
En Meta se presentaron dos casos de entrega de panfletos con amenazas de acciones violentas bajo la mal llamada figura de ‘limpieza social’ de personas estigmatizadas y tachadas como ‘indeseables’, en San Martín, por el Frente del Bajo y Alto Ariari de las AGC. Así como la convocatoria realizada por el Frente Jorge Suárez Briceño de las Facciones Disidentes de Farc, dirigida a miembros de juntas de acción comunal para que acudieran a la reunión citada en la vereda Loma Linda del municipio de Vista Hermosa.
La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar, con especial ahínco en esta coyuntura, las recomendaciones de nuestras alertas tempranas y demás acciones de prevención de violaciones a los DDHH. De la misma forma, confía en que las iniciativas de paz se vean potenciadas con todos los esfuerzos posibles de prevención y protección a favor de las comunidades que habitan las zonas donde los grupos armados tienen algún tipo de presencia o influencia.
