La reforma Política es, sin lugar a duda, un tema pendiente del sistema político colombiano y debe ser un elemento fundamental para este gobierno del cambio.
Dicho esto, hay que mencionar que en la historia reciente del país se han planteado varios intentos fallidos de reforma.
A pesar de ese saldo negativo, resulta impensable una transformación del país, sin dar pasos hacia el cambio de las costumbres políticas, de tal manera que esta reforma debe ser la piedra angular de una nueva cultura política.
Ahora bien, la fuerza electoral ganada por el Pacto Histórico es un indicador relevante del nuevo momento político del país, a pesar de ello, el texto de la reforma política presentado para primer debate no expresa esa coyuntura, ni la explica, más bien el documento resulta contradictorio.
Esto debido a que, en la reciente coyuntura, los avances electorales de la izquierda en el país expresan una realidad social y política nueva, definida primordialmente por el ascenso de las luchas sociales, por una creciente recomposición de la capacidad de resistencia al neoliberalismo y al régimen político autoritario de más de veinte años, con manifestaciones de descontento expresadas en el levantamiento popular del 2021, como antecedente inmediato del triunfo electoral.
Levantamiento que exigió cambios no solo económicos y sociales sino del sistema político y electoral.
Así, es clave tener presente que el Pacto histórico gana las elecciones porque amplios sectores cuestionan social y económicamente el modelo neoliberal, a pesar de ello, resulta discordante que el PH apueste por desarrollar su representación parlamentaria bajo las reglas del juego tradicional, no podemos olvidar que esas mismas reglas han garantizado la estabilidad política que naturaliza la reproducción capitalista del modelo neoliberal.
Estas reglas que hoy no se cuestionan, más bien se refuerzan con el proyecto de ley de “reforma” política, son una contradicción que sólo se supera con un proyecto de reforma progresista que cambie las reglas del juego político establecidas y cambie el sistema electoral en toda su arquitectura de manera integral.
Se debe agregar que este proyecto de ley presentado en el Congreso toma aspectos parciales y no logra romper el despreciado sistema clientelar, ni logra superar la exclusión política, la corrupción y la incapacidad del régimen político para responder seriamente a los desafíos de nuevos sujetos sociales actuantes y nuevas ciudadanías.
Un ejemplo de ello es lo aprobado hasta el momento, donde se consagra volver a la puerta giratoria del pasado, lo cual implica que un parlamentario podría dejar de ejercer su puesto de elección popular y ser nombrado funcionario de gobierno, hecho que legitima el decadente sistema electoral en el país.
Otro aspecto preocupante del proyecto de reforma política consiste en no formular una transformación a la organización electoral, esto debido a que deja intacto al Consejo Nacional Electoral, así como a la Registraduría.
Por otra parte, no señala cómo democratizar los mecanismos de decisión al interior de los mismos partidos políticos para confeccionar las listas cerradas y deja margen para que las campañas sigan siendo financiadas por capital privado, forma de disponer impunemente de recursos para la cooptación electoral desde el gran capital, lo mismo que no supera todos los vicios e inconsistencias estructurales que se dejaron ver en la pasada campaña sobre la ausencia de una Corte Electoral que por encima de los partidos dirima los conflictos que hoy recaen en la parte interesada de los partidos como es el CNE.
Así entonces, resulta muy preocupante que los vicios heredados del sistema excluyente del Frente Nacional, del periodo anterior de la carta de 1991, se reediten.
En esa medida, comparto las acertadas críticas del exconsejero electoral Armando Novoa, quien reseña esta falla del proyecto aprobado en primer debate: “Es inexplicable que en el proyecto se busque modificar los artículos 181 y 182 de la Constitución, que contemplan la figura de las incompatibilidades y del conflicto de intereses.
Se flexibiliza el régimen de incompatibilidades de los congresistas, aspecto en el cual los constituyentes insistieron bastante, en cuanto a que se levanta la restricción para que el congresista que renuncia a su curul durante el período institucional pueda hacer parte del gobierno o de cargos en el sector privado.
Hoy esa restricción aplica por el término de un año a partir de la renuncia. En la propuesta de reforma se dice que, si usted renuncia, al otro día puede ser nombrado ministro o funcionario de gobierno”.
Lo mismo sobre el Conflicto de intereses: “El congresista ya no debe declarar conflicto de intereses cuando recibe financiación de una empresa del sector privado porque, como se va a cerrar la lista, entonces se dice que el dinero iría al partido y no al congresista, y por consiguiente no habría lugar a declarar conflicto de intereses”. De igual forma indica Novoa:
“Pero mirando la norma en su dinámica y en su contexto, entonces el conflicto tendría que declararse es por parte de todo el partido que recibe financiación de una empresa particular.
Pero no, lo que se hace aquí es decir que se suprime el régimen del conflicto de intereses, con lo cual se borra la función de autonomía de los congresistas y de los partidos frente a los financiadores privados de la campaña.
Es una propuesta gravísima para respetar el principio de prevalencia de la soberanía popular y del voto libre, que también está en contra de la estructura vertebral de la Constitución del 91.
Esos dos temas tienen que retirarse de la reforma porque implicarían una sustitución de la Constitución”.
Del mismo modo, en el actual modelo político, al sistema de partidos les corresponde actuar como filtros para impedir que los intereses contrarios a los objetivos capitalistas puedan convertirse en políticas estatales. Los partidos tienen como función de este modelo conservador impuesto por el actual sistema electoral, filtrar la representación de intereses sociales de sectores subalternos, pero también impedir que sus portadores se organicen para expresarlos como demandas.
A estas reglas del juego se ha sometido todos estos años la izquierda colombiana. Entonces, cabe preguntarse si ahora que llega al gobierno seguirá caminando por la acera reglamentaria de estas normas impuestas por el régimen político neoliberal.
En ese sentido es desatinado olvidar que el actual modelo político terminó por poner en crisis la credibilidad del sistema representativo, particularmente el Congreso, pues quebró la convicción de que las instituciones representativas sirvan para modificar la realidad económica que afecta a la mayor parte de la población.
Por ello, el descontento con el modelo político y económico, expresado en abstencionismo, no puede ser resuelto con hacer ley el voto obligatorio. Prueba de que se trata de un rechazo al modelo político de gobernabilidad es que, cuando aparecen opciones políticas de cambio creíbles, las esperanzas se renuevan con la expectativa de un gobierno de signo político opuesto que modifique la realidad económico- social, como fue el caso del Pacto Histórico, cuyo aumento en su votación, fue producto de combinación en la fórmula presidencial Petro-Francia.
En definitiva, ha sido más grande la expectativa sobre los alcances del proyecto de Reforma política, que la realidad planteada en su primer debate en comisión primera de Senado, pues de lo aprobado quedan muchos interrogantes.
Así entonces, el debate no se limita a los asuntos procedimentales o cuestiones de forma, pues, aquí es preciso reformar el todo, para reformar las partes del sistema electoral. Si los cambios están en las reformas, la reforma política al sistema electoral es de primer orden.
“El método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social”.
PIEDAD CÓRDOBABA RUIZ
SENADORA PACTO HISTÓRICO-UP.
