El Informe Final de la frontera Nororiental (Arauca y Norte de Santander) elaborado por la Comisión de la Verdad de Colombia revela que “526.000 del millón y medio de migrantes que ingresaron a Colombia en los últimos años, en realidad son colombo-venezolanos, colombianos desplazados transfronterizos o hijos y nietos de estos”.
Según la investigación, la cifra la ratificó Víctor Bautista, secretario de Frontera de Norte de Santander, «ha habido fallas en los procesos. Esos 500 o 700 mil colombianos que pasan como migrantes deben retomar su identidad y estatus como colombianos».
«Debemos discutir con el nuevo gobierno una política de retorno, con @ACNURamericas y @OIMColombia, y evaluar cómo estamos desglosando el fenómeno migratorio. No tiene sentido que una víctima deba sacar una cédula venezolana para ser atendida», opinó Bautista.
«Colombia tiene una responsabilidad a dos bandas, permitió que gente saliera hacia Venezuela por la violencia. Ahora regresan. Hoy, cuando decimos que el migrante venezolano es criminal, ese migrante es nuestro tío o primo, somos nosotros mismos retornando», dijo Bautista.
Cifras de la Comisión
En la frontera Nororiental la Comisión escuchó a 2.035 personas y realizó 77 espacios de conversación y reconocimiento con 1.539 personas.
Los Mínimos Humanitarios en Arauca fueron compartidos con 838 personas y se recibieron 122 informes de organizaciones.
El cruce de bases de datos que hizo la Comisión de la Verdad muestra algunas cifras sobre los delitos que se han cometido en la frontera colombo-venezolana.
“Se han registrado 8.131 homicidios, 1.1184 secuestros, 2.460 desapariciones forzadas, 646 reclutamientos forzados y 125.057 desplazados forzosamente. Se sospecha de un subregistro”, detalla el estudio.
Desplazamiento forzado
El informe adopta el concepto de desplazamiento forzado transfronterizo, que se refiere a las personas o comunidades forzadas a atravesar la frontera para huir de la violencia colombiana y salvar su vida.
“Al cruzar la frontera política, los colombianos perdían la posibilidad de registrarse como víctimas y reclamar la protección de sus derechos. Por el contrario debían enfrentar las dificultades de ser migrantes sin refugio político o con irregularidad migratoria”, explica el estudio.
Al otro lado, Venezuela
El estudio determina que “el Estado colombiano no acompañó ni atendió a las comunidades afectadas por el conflicto. Durante años no pudieron acceder a la figura política de refugiado, los consulados no atendían a las víctimas ni contemplaban la idea de los desplazados forzadamente, sólo eran migrantes”.
“Ha habido una expulsión de colombianos desde hace 30 años y no hemos entendido que no podemos pedirle a un campesino un sello del pasaporte, cuando cruzó un río o caño huyendo”, ratifica Víctor Bautista, secretario de Frontera.
Venezuela ofreció cedulación para atender a las víctimas, por eso la mayoría tiene doble cédula (colombiana y venezolana), fue la manera de recibir ayuda y derechos en igualdad de condición. Esto terminó por invisibilizar el desplazamiento, dice el informe.
Asimismo señala que los cuerpos de las víctimas de las masacres e incursiones armadas fueron arrojados a los ríos fronterizos: Catatumbo, Táchira y Arauca.
Del lado venezolano recogieron los cuerpos y están en cementerios en los municipios Simón Bolívar y Jesús María Semprúm, entre otros, devela la investigación.
El pueblo Barí
La Comisión recogió casos de desplazamiento y retorno del pueblo barí en La Gabarra (Tibú). “Los picos del desplazamiento forzado se dieron con la incursión paramilitar; los barí atravesaron el río Catatumbo y huyeron hacia varios municipios de Venezuela”.
Indican que los desplazamientos fueron liderados por mujeres que crearon refugios humanitarios en la frontera, en espera de que la violencia disminuyera y pudiesen retornar.
Destacan además que hubo un impacto cultural y político en los barí. “A pesar de que son binacionales, en Venezuela estaban los caciques barí de la zona, los caciques en Colombia perdieron su liderazgo, lo que rompió la estructura en Colombia”.
El estudio también analiza el proceso de retorno de las comunidades campesinas y las razones por las que continúa el conflicto en la zona.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones el Informe Final se sugiere replantear las relaciones internacionales de Colombia.
«Aquí no podemos seguir con esa relación peligrosa. Hay que reconocer la frontera de lado y lado, y encontrar fórmulas humanitarias, jurídicas, económicas y prácticas para resolver los problemas», expresó Saúl Franco, uno de los comisionados que participó en la elaboración del informe.
