Declaración director Seccional de Arauca, Jhon Fredy Encinales Lota.
La Fiscalía evidenció que dichos elementos hacían parte de los inventarios de la Décima Octava Brigada y que habrían sido extraídos por el militar cuando estaba a cargo del almacén.
El material recaudado por un fiscal seccional estructura de apoyo – EDA de Arauca logró la judicialización de Diego Alberto Liévano Acuña, suboficial activo del Ejército Nacional, señalado de extraer material de intendencia de esa entidad.
Los motivos que iniciaron esta investigación están relacionados con un operativo adelantado el pasado 9 de abril, cuando personal del Gaula Militar capturó a una persona con abundante material de intendencia de uso privativo en vías del departamento: 59 bastones tipo tonfa, 10 cantimploras, 64 cinturones con hebillas de seguridad, 57 cinturones multipropósitos, 125 reatas verdes, 67 coderas tácticas, 41 hamacas, 126 jarros metálicos, 19 morrales de campaña, 54 ponchos pixelados, 131 porta cantimploras pixelados, 61 portatonfa, 186 sobre carpas y 24 tulas, elementos evaluados en más de 70 millones de pesos.
Según declaró el detenido, todos estos elementos se los habría entregado por el militar, quien fue capturado este 11 de junio en las instalaciones de la Décima Octava Brigada de Arauca, por personal del CTI de esta capital en articulación con uniformados del Ejército, la Armada y la Policía Nacional.
La Fiscalía lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Fiscalía evidenció, a través de labores de policía judicial, que dichos elementos reposaban en los inventarios de la Décima Octava Brigada, de donde presuntamente habrían sido extraídos por el implicado cuando ejercía como encargado del almacén.
Se presume que dichos elementos al parecer tendrían como destino los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.
En el desarrollo de las audiencias el procesado acepto su responsabilidad y un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria, la cual cumplirá en la ciudad de Bogotá una vez el Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario (INPEC) realice los trámites para su traslado.
La Fiscalía habla con resultados.
