Así lo advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde Quibdó, en el departamento de Chocó, epicentro de confrontaciones entre estos dos grupos armados ilegales, al presentar el informe de seguimiento en el cual se destaca que, de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año.
Además de recomendar nuevas acciones a las autoridades gubernamentales frente al proceso electoral, el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004 constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.
“Debo señalar con preocupación que, a pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero y su articulación en el marco de la CIPRAT, las acciones violentas del ELN y las AGC-Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Ahora bien, el Informe de Seguimiento reconoce la influencia en los territorios de varios grupos armados ilegales y sus disputas por las actividades criminales del narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, ‘gota a gota’, extorsiones, entre otras.
Los departamentos que tienen el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).
En riesgo alto están: Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.
Finalmente, ante el incremento del riesgo, la Defensoría del Pueblo recomendó la implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. También solicita que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.
“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
