El Tribunal de Arauca tuteló los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal de los formantes del acuerdo de paz en Arauca.
Se trata de una acción judicial interpuesta por Nelson Quintero, Wladislav Aguirre, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
La alta corporación ordenó a la unidad nacional de protección (UNP) que en un término no mayor de tres (3) meses, contabilizados a partir de la notificación de esta sentencia, tramite y lleve hasta su culminación el proceso de reevaluación del riesgo que enfrentan los residentes del centro poblado Villa Paz del Municipio de Arauquita.
También se ordenó a la UNP que en un término no mayor de dos (2) meses, contabilizado a partir de la notificación de este fallo, entregue las medidas de protección asignadas al esquema colectivo del centro poblado Villa Paz del Municipio de Arauquita que a la fecha falta suministrar.
En la tutela los accionantes relataron que el 2 de enero de 2022, debido a los enfrentamientos que se están presentando en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP – Frente Décimo-, se produjo la muerte violenta de aproximadamente 30 personas.
Aclararon, además que, si bien esas muertes estaban siendo objeto de investigación por las autoridades competentes, la información publicada en medios de comunicación indica que las personas fallecidas fueron señaladas de integrar las autodenominadas FARC-EP – Frente décimo, al mando de “Arturo Paz”, y habían sido ejecutadas por miembros del ELN, noticias que también señalaron que al menos 50 personas estaban desaparecidas y 3000 desplazadas y que el ELN estaría haciendo patrullajes en los cascos urbanos, como el de Fortul.
Acotaron que esos enfrentamientos se extendieron hasta la fecha de interposición de esta acción de tutela, y que en razón de ellos se presentaron decenas de combates, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de la población civil que quedó en medio del fuego cruzado, quienes sienten temor de ser tildada como colaboradora de alguno de esos dos grupos y recibir ataques del adversario.
Manifestaron también que las comunidades y las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región salieron a rechazar esos hechos violentos que desataron una crisis departamental, y a exigir garantías para la vida y los derechos de sus habitantes, así como a pedir que se promueva el diálogo entre el ELN y las disidencias de las FARC-EP para que cese la violencia.
Sostuvieron que en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- Filipinas, hoy centro poblado Villa Paz, ubicado en el Municipio de Arauquita, viven 188 firmantes del Acuerdo Final de Paz y sus familias, y que un número más amplio de ese grupo colectivo adelanta su proceso de reincorporación por fuera del espacio, bien de manera individual o con las distintas cooperativas que se ubican en la mayor parte del Departamento de Arauca.
Expusieron que la población reincorporada en general ha exteriorizado preocupación por su seguridad, pues antes de dejar las armas, años atrás, se habían enfrentado con el ELN, y debido a la estigmatización que persiste contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz y las demoras en su implementación muchas personas se han desplazado, de forma preventiva o porque han recibido información que estaban siendo buscados por grupos armados.
Señalaron que el firmante de paz Jhon Jairo Rico Pinzón se encuentra desaparecido en este momento, y que fue visto por última vez la tarde del 1° de enero en la vereda Caño Seco del Municipio de Saravena, cuando dos (2) hombres en una moto se lo llevaron.
Adicionalmente, informaron que los hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz, ubicados en el “ETCR” Filipinas – Centro Poblado Villa Paz del municipio de Arauquita, y en general todos aquellos residentes en el departamento de Arauca, como medida de autoprotección ante la gravedad de los hechos acaecidos durante lo corrido del presente año en esta región, decidieron concentrarse y no salir hasta tanto terminen las hostilidades.
No obstante, lo anterior, también agregaron que varios han solicitado ser evacuados de las zonas, por lo que ellos están “trabajando en la identificación del universo de firmantes desplazados y que pretenden desplazarse ante la inminencia del riesgo, o que, habiéndolo hecho, requieren asistencia humanitaria”, pero que “preliminarmente se puede hablar de aproximadamente 61 personas firmantes y 23 familiares”.
Por otro lado, aseguraron que desde el 2 de enero de 2022 se han conocido “comunicados públicos de ambas guerrillas señalando varias problemáticas que estarían relacionadas con el estallido del conflicto. En primer lugar, los dos grupos han acusado públicamente a la contraparte de tener relaciones con la Fuerza Pública y estar trabajando de la mano con esta para atacar a
la otra organización”, pues, de un lado, “las autodenominadas FARC-EP – Frente Décimo han señalado que el ELN está atacando a la población civil, como parte de esa alianza” y, también, “el ELN por su parte ha publicado varios videos de presuntos exintegrantes de esa disidencia de las FARC-EP, que señalan varios hechos que darían cuenta de que la alianza realmente se da entre ese grupo armado y la Fuerza Pública, así como de tratos incorrectos por parte de algunos mandos farianos hacia la población civil”.
Resaltaron que entre los años 2018 y 2021 fueron hurtados 26 vehículos de los esquemas de protección de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-, de los cuales 2 pertenecían al esquema colectivo del centro poblado Villa Paz, y que en la actualidad tal resguardo se encuentra solamente con el 40% de la asignación que debería tener.
Señalaron, que el centro poblado Villa Paz del Municipio de Arauquita está ubicado a menos de 20 km del caserío Pueblo Nuevo (o Puerto Jordán), sobre la vía principal que conecta a Tame con Arauca capital, y que “en la actualidad casi el 40% de quienes llegaron firmaron el Acuerdo en el Departamento de Arauca continúan en el AETCR, incluidos varios de sus principales líderes y lideresas y de la actual dirección del Partido Comunes” (sic).
Sostuvieron que el 26 de agosto de 2021 fue retirado el puesto de control que mantenía el Batallón de Operaciones Terrestres No. 47 del EJÉRCITO NACIONAL a la entrada del AETCR, como parte de la seguridad perimetral que cubre estas zonas, y que “de acuerdo con lo que han explicado las autoridades, en el futuro la seguridad del Centro Poblado Villa Paz será asegurado por la Policía Nacional; sin embargo, por el momento persiste la ausencia de Fuerza Pública en la entrada del AETRCR (sic).
La retirada del Ejército y el vacío que aún existe, genera preocupación entre los firmantes del Acuerdo, pues en el pasado han ocurrido incidentes de seguridad en los momentos que el Ejército no ha cubierto; tal fue el caso con el atentado contra Henry Tovar y el homicidio de Juan Vicente Carvajal” .
Expresaron que esta situación fue expuesta ante las autoridades señaladas para tal efecto, concretamente en la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS) creada en el marco del proceso de reincorporación, y que funciona de forma periódica en el centro poblado VillaPaz para abordar las situaciones e incidentes de seguridad que se presentan con los firmantes del Acuerdo.
Agregaron también que el 30 de enero de 2022 en el municipio de Saravena fue asesinado el señor Juvenal Ballem Gómez, quien había firmado el Acuerdo Final de Paz, y que ese mismo día en el caserío de Pueblo Nuevo (Puerto Jordán) del Municipio de Arauquita, que queda a 10 minutos del AETCR Villa Paz, fueron vistas 15 personas armadas que se movilizaban en motos y carros.
Refirieron, igualmente, que “el Espacio Territorial cuenta con escoltas con armas cortas, personal insuficiente para garantizar la seguridad ante una incursión de un grupo armado” y que “no hay fuerza pública en el espacio, ni fuera, ni en los alrededores”.
Expusieron que, desde agosto de 2021, el esquema colectivo de protección asignado por la UNP al centro poblado Villa Paz ha sufrido diversos ataques que han ocasionado su disminución, y que ello no solo afecta la seguridad del ETCR sino también los desplazamientos y el cumplimiento de compromisos derivados de actividades políticas y de reincorporación de los líderes, ya que dependen de este medio y no cuentan con protección individual.
Acotaron, además, que de los 4 vehículos con que contaba el esquema colectivo 2 fueron hurtados en agosto de 2021 y a sus escoltas también les robaron sus armas, y; que a principios de octubre de 2021, la UNP envió de nuevo 2 camionetas y 1 de ellas fue incinerada el 24 de octubre por unos sujetos armados que salieron en el sector de Santo Domingo de la zona rural del municipio de Arauquita, y la otra fue hurtada el 29 de octubre de 2021 en el municipio de Saravena por un grupo armado que no se identificó.
Manifestaron que llevan 4 meses pidiendo se les complete el esquema de seguridad y que el 21 de enero del 2022, “los líderes del espacio presentaron una solicitud de reevaluación del riesgo colectivo ante la UNP, buscando reforzar las medidas de protección”, atendidas las novedades surgidas desde el inicio de este año. (sin embargo, no expresaron que respuesta obtuvieron).
FUENTE wradio.com.co
