Con itinerancia, mayor presencia en los territorios, priorización y asociación de casos; y un permanente análisis de contexto sobre las situaciones particulares que se presentan en cada región, entre otras múltiples actividades, la Fiscalía General de la Nación enfrentará a las personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho propio o atentar contra la libertad democrática de la ciudadanía en las elecciones de 2022.
Con la expedición de la Directiva 0002, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.
“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el Fiscal General al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
Los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.
Para este propósito, se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; se articularán los esfuerzos de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada para la Seguridad Territorial; así como de la Delegada contra las Finanzas Criminales, esta última a efectos de detectar financiación ilícita de campañas o alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.
“La Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes”, explicó el Fiscal Barbosa Delgado.
De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba.
Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.
“Tendremos un comité de priorización en la Fiscalía General de la Nación permanente. Un comité directivo analizando el fenómeno electoral, de acá al fin de los comicios presidenciales. Al mismo tiempo, tendremos puestos de mando unificado itinerantes en todo el territorio nacional, organizados por los directivos seccionales para informarle al país, en tiempo real, lo que está pasando con el delito electoral en Colombia”, afirmó el Fiscal General.
Una estrategia comprometida con la transparencia
En atención al Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, los delitos que inciden en la voluntad de participar y de elegir de los ciudadanos son comportamientos asociados con corrupción. Es así como los casos conocidos serán priorizados.
El personal encargado de recibir las denuncias será capacitado sobre las condutas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana. Se garantizará una correcta selección de los hechos que se pongan en conocimiento a través de los canales ordinarios de atención.
Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito.
Los fiscales de conocimiento tendrán libertad probatoria y de aplicación de las distintas técnicas investigativas que estén a su alcance. Sin embargo, deberán consolidar procesos robustos, con análisis de contexto sobre la realidad que enfrenta cada territorio en delitos electorales y la incidencia histórica de actores armados y estructuras delictivas; y tener capacidad para asociar casos que guarden relación de tiempo, modo o lugar. Esto, para avanzar en una respuesta investigativa y judicial efectiva e integral.
