“El Ministerio Público que dirige Tarek William Saab en complicidad con el gobierno de Nicolás Maduro tienen totalmente paralizadas las investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos , crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el Alto Apure durante las operaciones militares entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FAN) y grupos irregulares disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) a partir del 21 de marzo del presente año, así como han encubierto los hechos que ocurrieron en fechas posteriores al inicio de estas operaciones”.
Así lo expresó el diputado jubilado de la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), Walter Márquez, quien destacó que en el Alto Apure ocurrieron dos masacres, la de El Ripial, el 25 de marzo, en la que fueron ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) cinco prisioneros detenidos en la población de La Victoria; y la masacre de La Capilla el 23 de abril, en la que la FARC-EP asesinó a ocho militares venezolanos, hizo prisioneros de guerra a ocho más, en una emboscada donde hubo siete heridos de la FAN, todos víctimas del fuego cruzado entre los militares venezolanos y los irregulares disidentes. Aún hay tres militares de ese suceso que no han aparecido.
En estos hechos –indicó- hubo crímenes de lesa humanidad y de guerra, incluyendo allanamientos, detenciones arbitrarias de 31 civiles, la mayoría de los cuales sigue detenidos en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en Táchira por orden del juez militar de Guasdualito, hubo también saqueos, bombardeos indiscriminados, tratos inhumanos y degradantes, incluyendo el crimen de desplazamiento forzoso de más de seis mil personas de la parroquia Rafael Urdaneta del Alto Apure, quienes se trasladaron a la población de Arauquita y al Departamento del Arauca colombiano.
Encubrimiento del Ministerio Publico
En este sentido explicó que los abogados de los familiares de las víctimas de Julio César Jiménez, panadero de La Victoria, y los cuatro agricultores de la familia Ramírez Remolina, ejecutados por el grupo FAES, fueron a solicitar información a Guasdualito y les dijeron que allá no tenían abierto ningún expediente, que se dirigieran a San Fernando de Apure, por lo que una periodista de la zona fue a la Fiscalía donde inicialmente le solicitaron un poder para darle la información, luego le dijeron que no había abierta ninguna investigación, que se dirigiera a la Fiscalía 62 de Caracas con competencia nacional.
Posteriormente un abogado de la Fundación El Amparo acudió a la Fiscalía 62 con el poder de los familiares de una de las víctimas, la familia Jiménez Millán, y la respuesta que recibió fue que en representación de una sola de las víctimas no podía acceder al expediente, luego se envió el poder de las otras cuatro víctimas restantes en Arauquita, documento que fue necesario apostillar en Bogotá, y también le negaron la información.
La semana pasada volvieron a ir los abogados a la Fiscalía 62 y en esta oportunidad les dijeron que no les podían mostrar el expediente porque había sido remitido a la directora de derechos fundamentales de la Fiscalía General de la República en Caracas. Anteriormente se intentó firmar en San Cristóbal un poder para los abogados de Caracas y varias notarías se negaron a legalizarlo, con el argumento de que si aceptaban pudieran ser sancionados por autoridades del Servicio Autónomo de Registros y Notarías en Caracas (SAREN).
En otras palabras y en criollo -expresó Márquez-, podemos decir que estamos frente a un peloteo que no es otra cosa sino muestra de la irresponsabilidad y el encubrimiento total por parte del Ministerio Público y del régimen de Nicolás Maduro en estos casos de crímenes atroces que son hechos públicos, notorios y comunicacionales, pero lo más grave es que las investigaciones se pretenden realizar desde Caracas, a más de mil kilómetros desde La Victoria, lo cual atenta contra la celeridad procesal y el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Destacó que el expediente que ordenó abrir el fiscal general Tarek William Saab fue el de la masacre de El Ripial, pero no ha habido ninguna otra investigación sobre los saqueos, las detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos ni de la masacre de La Capilla donde fueron asesinados varios militares, lo cual obliga al Estado venezolano a investigar estos crímenes que han generado graves daños físicos y espirituales a las víctimas y sus familiares.
“Tarek William Saab quiere aparentar ante la Corte Penal Internacional en La Haya que está investigando las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, cuando internamente en el país encubre los crímenes cometidos en el Alto Apure y tiene paralizadas sus investigaciones, por lo tanto lo emplazo a que ordene una investigación integral y le aclare al país por qué está encubriendo los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han acontecido en La Victoria y sus alrededores, cuyas víctimas reclaman investigación y sanción a los responsables de estos hechos, empezando por Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y el alto mando militar responsables de estos crímenes imprescriptibles que deben ser investigados y sancionados por la CPI ante la impunidad en el país”, destacó finalmente Márquez.
Walter Márquez a través de la Fundación El Amparo realizó personalmente en el Alto Apure una investigación de campo sobre lo ocurrido en esa región, junto con las organizaciones de derechos humanos Fundaredes y Provea.
