El ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), dio lectura al acta este lunes en audiencia que declara la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados.
De acuerdo con la información de esta cartera, en la audiencia, en la que se respetó el debido proceso, la Unión Temporal Centros Poblados tuvo todas las garantías para su defensa. El Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos.
A partir de la fecha, el contratista dispone de 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo.
Hay que señalar, que el proyecto de Centros Digitales, uno de los más importantes en la estrategia de Conectividad, llevará internet gratis a miles de instituciones públicas en zonas rurales del país.
Finalmente, el Ministerio anunció que avanzará en su misión de conectar a más del 70 por ciento de Colombia al término de esta administración y seguir promoviendo desde las TIC la reactivación del país.
El contrato se adjudicó el pasado 9 de diciembre en el marco de un proceso que tenía por objeto conectar a internet 10.000 sitios, principalmente escuelas rurales, durante por lo menos 10 años con una inversión de $2,1 billones. Para este fin el Ministerio seleccionó a dos empresas que se comprometieron a conectar más de 14.700 puntos por 11,5 años: Claro y una unión temporal denominada Centros Poblados.
Esta última recibió en licitación un contrato por $1,07 billones para cubrir la región denominada “B”, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Para ganar, Centros Poblados ofreció 2.526 puntos conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales de velocidad (es decir, 12 mbps como mínimo), para un total de 7.277 centros conectados durante 11,5 años.
Sin embargo, hace unas semanas la entidad abrió un proceso contra Centros Poblados por un aparente incumplimiento (retrasos en la ejecución), gracias al cual conoció de una supuesta falsedad en la garantía bancaria que el contratista presentó durante el proceso de licitación.
Esto llevó a la cartera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación tras encontrar que el contratista dijo que su garantía única de cumplimiento había sido expedida por Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., información que fue negada por la entidad financiera.
La decisión, que quedó registrada en un acta, fue comunicada durante la audiencia celebrada hoy. La entidad destacó que en la audiencia se respetó el debido proceso y se le dio al contratista todas las garantías para su defensa. “El Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”, dijo en un comunicado.
A partir de la fecha, el contratista dispone de 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo. El Espectador conoció que la Unión Temporal Centros Poblados hará uso del recurso de reposición el próximo 3 de agosto, en la continuación de la audiencia.
