La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), logró que
el Juzgado Primero Ambulante de Cúcuta, con función de control de garantías, impusiera medida
de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, señalados de participar en el
crimen del defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega, perpetrado el 3 de noviembre
de 2020 en Ocaña (Norte de Santander).
En el marco de la estrategia de investigación y judicialización por afectaciones contra defensores
de derechos humanos, definida como una prioridad por el Fiscal General de la Nación Francisco
Barbosa Delgado, la UEI les imputó cargos a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Ñingui; y a Luis
López Delgado, alias Luis; por los delitos de homicidio agravado, en calidad de coautores;
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
agravado; y concierto para delinquir agravado.
Los dos investigados fueron capturados en medio de una operación conjunta entre servidores
del CTI, el Cuerpo Élite de la Policía y personal del Ejército Nacional, durante diligencias de
allanamiento y registro en los municipios nortesantandereanos de Convención y Ocaña.
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada dan cuenta de que los dos
hombres al parecer ejecutaron el homicidio por la suma de $40 millones y habrían cumplido roles
específicos.
Alias Ñingui sería quien supuestamente se encargó de la logística del homicidio contratando a los
autores materiales, además de conseguirles el revólver calibre 32. Por su parte, alias Luis habría
realizado la vigilancia a la víctima días antes y durante el hecho. También se presume que fue
quien transportó el arma el día del crimen.
Por el homicidio de Solano Vega, presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición
Forzada Asvida y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, permanece asegurado en centro
carcelario desde el 13 de noviembre último Jhon Freddy Espinosa Álvarez, alias el Burro, quien
fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.
Es de recordar que la víctima era reconocida en el municipio por sus constantes denuncias contra
funcionarios de la administración municipal que estarían involucrados en supuestas
irregularidades de contratación en el hospital y otras entidades locales.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
