La entidad opera en Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.
Tras encontrar deficiencias de tipo administrativo, asistencial, financiero y jurídico en su desempeño de los últimos años, la Superintendencia de Salud adoptó nuevas decisiones contra la EPS Comparta, que opera en Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.
Se trata de tres medidas especiales que están dirigidas «a vigilar la forma en que la EPS viene realizando el giro de recursos a su red de atención, a proteger a sus más de 1,5 millones de usuarios, y a investigar la conducta particular de uno de sus exdirectivos por la presunta omisión de reportes financieros que eran de obligatorio cumplimiento», indicó el ente de control en un comunicado.
Así, la Super abrió una investigación administrativa contra José Javier Cárdenas, exrepresentante legal de Comparta, por considerar que, presuntamente, no efectuó una serie de reportes de información financiera que debían hacerse en diferentes fechas de 2018.
Y hay un segundo proceso contra Cárdenas por hechos similares, pero ocurridos en 2019, es decir bajo la vigencia de la Ley 1949, por lo que, de comprobarse su responsabilidad, podría verse incurso en una sanción a título personal de entre 50 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o incluso enfrentar una inhabilidad hasta por 15 años para ejercer cargos en la administración de recursos públicos del Sistema de Salud.
Además, el ente de control le ordenó a la EPS la cesación provisional de las acciones que ponen en riesgo los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
«Por ello, durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, Comparta deberá remitir al contralor designado por la Supersalud el detalle del proceso de postulación de giro directo, con la metodología de giro autorizado para la red que se efectúa a través de la Adres; así como permitir el acceso a los sistemas de información y a los expedientes contractuales. Vencido el término de la emergencia sanitaria, se ordenará suspender el giro directo autorizado a la EPS, hasta tanto el contralor designado certifique a la Superintendencia, de manera previa a cada proceso de postulación de giro directo, la idoneidad para su pago», se lee.
Y, finalmente, prorrogó hasta el próximo 27 de octubre de 2020 la medida preventiva de vigilancia especial que rige sobre Comparta, «a fin de velar por la prestación de un buen servicio a los más de 1’539.000 usuarios que tiene».
En suma, critica la Super que la EPS no cuente con una red de prestadores suficiente que garantice la prestación de los servicios de manera oportuna; que presuntamente incumpla con los tiempos de respuesta a las solicitudes de autorización de servicios ambulatorios y que durante la vigencia 2019 fue notificada de 7.653 acciones de tutela en salud, y 2.199 incidentes de desacato.
Así mismo, señala la entidad de control que analizadas las bases de datos del giro directo publicado por la Adres, se destacan giros por 138.119 millones de pesos (vigencia 2018) y de 149.170 millones de pesos (vigencia 2019), a los vinculados directos e indirectos de Comparta.
Y la EPS no cuenta con la verificación de la metodología para el cálculo de reservas técnicas, ni mantiene prácticas contables y administrativas que permitan garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera, indicó la Superintendencia.
