El 17 de enero de 2018, quedó registrado en la historia de Colombia como una fecha trágica. La razón, ese día, se perpetró un atentado con carro bomba al interior de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, ‘General Francisco de Paula Santander’.
La acción terrorista dejó un saldo de 22 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación entregó un informe pormenorizado de las actuaciones adelantadas para esclarecer este lamentable atentado terrorista.
De acuerdo con el ente investigador, hasta el momento han sido capturadas y procesadas tres personas que tendrían diferentes niveles de participación en la planeación de la acción terrorista.
Estos son los resultados:
- El 18 de enero de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron en Bogotá a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien en interceptaciones telefónicas reconoció la autoría del atentado. En las diligencias de allanamiento en las que fue capturado Carvajal Salgar fueron incautados un celular, un manual del combatiente primera fase de instrucción y uniformes.
El 30 de julio de 2019, un fiscal Seccional de Bogotá formalizó el escrito de acusación contra Carvajal Salgar por los delitos de: terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y uso ilegal de material privativo de las Fuerzas Armadas, en calidad de cómplice.
La Fiscalía reafirmó que esta persona supuestamente pagó el arrendamiento del lugar donde fue escondida y acondicionada la camioneta usada en la acción terrorista. Carvajal Salgar permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, y su proceso está en audiencias preparatorias de juicio.
- El 29 de enero, 12 días después del ataque con carro bomba, Wilson Arévalo Hernández fue capturado en la vereda La Primavera, en Arauquita (Arauca). Las audiencias concentradas se cumplieron en Yopal (Casanare) y en ellas un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado imputó los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo, cargos por los que recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Según información obtenida en los registros públicos, Arévalo Hernández figura como una persona dedicada a la elaboración y comercio de productos lácteos y, en los últimos años, tuvo movimientos financieros que promediaron los $1.000 millones de pesos. Al parecer, esa actividad habría sido una fachada para movilizar material y armas para el frente Domingo Laín Sáenz del ELN, al que colaboraría como financiador.
Dos semanas después, el 11 de febrero, Arévalo Hernández, conocido con el alias de ‘Chaco’, fue citado a nueva imputación por el presunto apoyo logístico para ejecutar el ataque con carro bomba. Un fiscal de la Seccional Bogotá le formuló cargos por: terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con los elementos en poder de la Fiscalía, alias ‘Chaco’ trasladó desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que posteriormente fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arévalo llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.
Tanto en el proceso que se sigue en Yopal (Casanare) por supuesto financiamiento al terrorismo, como en el que se sigue en Bogotá por la presunta participación en el batentado a la Escuela ‘General Santander’, Wilson Arévalo Hernández fue acusado formalmente por la Fiscalía. Los dos casos están en audiencias preparatorias de juicio.
- El 20 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, capturaron a Álvaro José Mateus Vargas, quien pertenecería a la estructura financiera del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN y sería el propietario de una empresa de lácteos utilizada para lavar activos de esta organización ilegal.
Los seguimientos, vigilancias y demás técnicas de policía judicial permitieron establecer que Mateus Vargas haría parte del componente financiero del denominado Frente de Guerra Oriental y habría aportado considerables sumas de dinero para la planeación y ejecución del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’, ocurrido el pasado 17 de enero de 2019.
En el curso de las indagaciones fueron recopilados elementos probatorios que vincularían a esta persona con los trámites de venta de la camioneta utilizada en la acción terrorista y evidenciarían una presunta cercanía con Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, capturado y judicializado por su presunta responsabilidad en el traslado del mencionado vehículo desde Arauca hasta la bodega en el sur de Bogotá donde fue cargado con 80 kilogramos de pentolita.
Hace 12 años Mateus Vargas habría ingresado a la estructura financiera del ELN y sería uno de los principales testaferros de alias ‘Pablito’, integrante del Comando Central (COCE) del ELN.
En audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado imputó a este hombre por los delitos de: rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Vinculación al ELN
El 28 de febrero de 2019, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente y realizará imputación de cargos contra cuatro integrantes del denominado Comando Central (COCE) del ELN y tres personas más que harían parte de la Dirección Nacional del ELN.
En las diligencias, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado solicitó al juez de control de garantías que los investigados sean procesados en contumacia por los delitos de: homicidio en personab protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa.
Los integrantes del ELN imputados son: del COCE (Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito); y de la Dirección Nacional (Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, representante del Frente de Guerra Nororiental en la Dirección Nacional del ELN; Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Alirio Sepúlveda o David Piñata, representante del Frente de Guerra Oriental en la Dirección Nacional del ELN; y María Consuelo Tapias.
Por la presunta participación de estas siete personas en el atentado del 17 de enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, la Fiscalía logró la expedición de las respectivas órdenes de captura internacionales y los solicitó formalmente en extradición.
Extinción de dominio
Paralelamente al avance de las investigaciones penales, la Fiscalía investigó y afectó el patrimonio ilícito constituido por los presuntos involucrados en el ataque a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
El 2 de septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para auspiciar acciones criminales del ELN, como el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.
Los analistas identificaron incrementos patrimoniales injustificados, ganancias ocasionales, compra y traspasos de inmuebles a precios muy por debajo de los valores comerciales, entre otras maniobras comerciales que nunca fueron reportadas y daban cuenta del flujo de capital ilícito.
Estos movimientos financieros estarían en cabeza de Álvaro José Mateus Vargas, alias Quesero, propietario de una empresa de lácteos de razón social el Arauqueño S.A.S., con su respectiva red de transporte entre Arauca y Bogotá; y de un hombre conocido como ‘Nacho Leder’, quien sería uno de los principales testaferros del frente Domingo Laín del ELN.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo a 20 bienes (9 inmuebles, 10 vehículos y 1 establecimiento comercial). Los bienes, cuyo avalúo superaría los 12 mil millones de pesos, fueron ocupados en Bogotá y municipios de Arauca.
El material probatorio recopilado permitió conocer que Álvaro José Mateus Vargas, alias Quesero, habría aportado sumas considerables de dinero para diferentes actuaciones ilegales.
Los dineros habrían salido de la empresa de lácteos El Arauqueño S.A.S., que serviría de fachada para lavar activos ilícitos y sus vehículos de carga, al parecer, eran utilizados para transportar clorhidrato de cocaína y dinero a Bogotá, a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llevaban a las estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca.
El inmueble en el que funciona la industria El Arauqueño S.A.S., en el sur de Bogotá, al igual que el establecimiento comercial y 10 vehículos, entre camiones tipo thermo king y furgones, fueron afectados con las medidas cautelares de extinción de dominio.
