El proceso contra el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) es el de más cuantía, de los cinco que investiga a nivel departamental la Contraloría, el cual se adelanta por sobrecosto de proyectos productivos de los campesinos inscritos en el proyecto S-ARA-007, en el municipio de Tame.
La irregularidad se constituye en que los predios, cuyas tierras cultivables o destinadas a la ganadería, no reúnen las condiciones técnicas, dadas las características particulares del suelo, que lo hacen inviable para la implementación de sistemas agropecuarios, y más precisamente para la realización del proyecto productivo.
La irregularidad fiscal representaría 4 mil 169 millones 228 mil 970 pesos.
Los otros cuatro proyectos son por cancelación de las obras de protección del talúd del margen derecho del río Arauca en la vereda Peralonso en el año 2009, el convenio entre la empresa Caribabare para la construcción del relleno sanitario en 2011, la dotación a escuelas del municipio de Arauca en 2014, y la construcción de los pozos del sistema del alcantarillado sanitario en el barrio Mata de Venado de la ciudad de Arauca en el año 2011.
