La lucha armada del Eln se ha caracterizado por atacar a la Fuerza Pública y, en ocasiones, a la población civil. Sin embargo, hay otra cara de su accionar belicista que también ha dejado una enorme herida ambiental y económica en el país, que son los constantes atentados contra la infraestructura petrolera.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Carvajal Villamizar, aseguró que el año pasado se registraron 63 ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander. El oficial indicó que el propósito de estos ataques es complementar sus fuentes financieras.
En diálogo con Colprensa, Carvajal Villamizar explicó que estas acciones delictivas son generadas para alimentar el negocio de narcotráfico, porque a través del robo del hidrocarburo pueden “refinar y procesar la pasta de coca”. El oficial también señaló que los subversivos no se apoderan del crudo que queda en el lugar del derramamiento, sino en el tubo averiado.
El comandante de la Segunda División indicó que los subversivos también tienen la modalidad de implementar válvulas que son instaladas en los tubos por donde cruza el crudo, para que cuando lleguen a donde está instalado el mecanismo se registre un desvío de material y este culmine en poder de este grupo guerrillero.
El general señaló que las regiones fronterizas, donde se han registrado la mayor parte de los atentados, son las más propensas a que se presenten estos actos “terroristas”, debido a que tienen una salida rápida del país, especialmente hacia Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha denunciado que se encuentran algunos de los miembros del Eln.
A los señalamientos del oficial se suma un estudio hecho por la organización ‘Crudo Transparente’, que produce información de análisis socio-económico y fomenta espacios de socialización y debate sobre el sector petrolero en Colombia, quienes consideran que los hostigamientos disminuyeron una vez se registraron los ceses al fuego cuando este grupo adelantaba los diálogos de paz con el Gobierno.
La organización no le adjudica la responsabilidad completa al Eln, sino que toman como base si el ataque es perpetrado donde tiene injerencia armada este grupo guerrillero, por eso las cifras son diferentes a las presentadas por el Ejército y Ecopetrol. Para ‘Crudo Transparente’, en 2018 se registraron 25 ataques a los oleoductos en Arauca, Boyacá, Casanare, Nariño y Norte de Santander.
La investigadora Katherine Casas explicó que los atentados a estas estructuras tienen el objetivo de generar tráfico de combustible, otra de las modalidades financieras que, a juicio de las autoridades, terminan alimentando su accionar delictivo en el territorio nacional. Además, dijo que los hostigamientos en estas regiones son debido a la disputa de territorios entre grupos que delinquen allí.
El estudio revelado el pasado 22 de enero, da cuenta que durante 2018 “la conflictividad relacionada con el sector petrolero se concentró en atentados a los oleoductos, derrames de crudo, protestas en contra de las compañías y contrabando de hidrocarburos, entre otras”.
La organización reiteró que los hostigamientos tuvieron un incremento el año pasado, teniendo como registro 22 ataques en 2017 y 25 en 2018. Y así como las autoridades registraron que uno de los departamentos más afectados es Norte de Santander, el informe reveló que allí se registraron derrames de crudo, afloramientos, hostigamientos a la infraestructura, instalaciones de válvulas, bloqueos de vías, contrabando, entre otros.
De acuerdo con la investigadora, Arauca es otro de los departamentos donde más se registra afectaciones. “En esta región la afectación a la industria estuvo ligada a acciones de contrabando de crudo y varios atentados al tubo Caño Limón Coveñas. Por ejemplo, en 2018 se incautó un total de 27.610 galones de combustible, que significó el 11 % del total registrado en el país”.
En cuanto al departamento de Nariño, el informe reveló que durante 2018 ocurrieron hostigamientos contra la infraestructura en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Pupiales. “Estos ataques en su mayoría causaron derrames que contaminaron los cuerpos de agua y la capa vegetal de estos sectores”.
Para el coronel (r) Carlos Alberto Velásquez, los ataques a la infraestructura petrolera tienden a aumentar luego de que se levantara la mesa con el Eln. “Ellos van a dejar pasar un buen tiempo para cometer actos terroristas y mientras pasa eso, para hacerse sentir, van a procurar realizar atentados tipo sabotaje a la infraestructura que esté cerca a la frontera”.
Los impactos
Los atentados contra la infraestructura petrolera han sido la constante del Eln con el fin de afectar al Estado y buscar nuevas formas de financiación. Sin embargo, estos hechos impactan directamente a la economía, al medio ambiente y a la sociedad.
Cifras de Ecopetrol evidencian que durante los últimos 40 años, aproximadamente, la infraestructura petrolera del país ha sido atacada en cerca de 2800 oportunidades, lo cual ha generado el derrame de más de 3,7 millones de barriles de crudo.
Solo en 2018 se registraron, según la petrolera, 107 ataques contra los dos principales oleoductos en el país: 89 atentados a Caño Limón Coveñas, 16 a la línea del Trasandino y dos a la infraestructura en Casanare. Además, en los 25 días de enero ya se han presentado seis atentados.
Estos ataques, además de tener un impacto en la industria, que genera uno de los mayores recursos fiscales para el país, también se traslada a nivel ambiental, con la contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora. A este escenario se suma el impacto social, con la afectación al suministro de agua, que se genera cuando el crudo cae sobre los cuerpos hídricos que abastecen los acueductos, así como el daño en los suelos, donde muchas veces se realizan cultivos o se destinan para la ganadería.
El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, Aníbal Fernández de Soto, indicó que los ataques han puesto en riesgo ecosistemas únicos, donde habitan peces, reptiles y anfibios. “Estas voladuras generan derrame de crudo y afectaciones económicas y ambientales incalculables, que comprenden impactos a fuentes de agua, suelo, capa vegetal y cultivos, siendo los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo los más afectados”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, consideró que este tipo de afectaciones tiene un impacto directo en los ingresos de la Nación, lo cual también se traslada a las finanzas de los departamentos productores, que reciben ingresos adicionales a través de las regalías que genera esta actividad.
“Este tipo de hechos genera una parálisis de la actividad, lo cual conlleva a que no exista producción y esto también tiene un efecto en el tema de las regalías e ingresos del Estado. Tenemos que tener en cuenta que Caño Limón Coveñas significa aproximadamente un 8 % de la producción nacional y si se afecta tenemos un efecto directo sobre la producción del país”, indicó Vera.
El presupuesto bienal (2019-2020) de regalías aprobado por el Congreso de la República prevé que la industria petrolera aporte aproximadamente 19,3 billones de pesos en recursos para las regiones por concepto de la explotación de hidrocarburos, lo cual refleja la importancia de que no se generen afectaciones externas, como con los ataques que afecten al sector.
Frente al tema, el vicepresidente de Ecopetrol explicó que la compañía ha tenido que enfrentar los ataques implementando planes que permitan mitigar las posibles afectaciones en la operación, ya que se tiene que cumplir con los compromisos en materia de gas y de hidrocarburos que requiere el país.
“Es evidente que al tener que afrontar estas emergencias en el día a día, debemos disponer de recursos para asegurar, mitigar, contener y limpiar las zonas afectadas, así como posteriormente recuperar y descontaminar el área. Por ejemplo, en el oleoducto Caño Limón Coveñas se reportó el derrame de 21.029 barriles por cuenta de los atentados durante el año pasado”, explicó.
Para el dirigente de Acipet, el escenario actual que se está planteando luego del levantamiento de la mesa de conversaciones con el ELN ha generado mucha incertidumbre en la industria, porque precisamente este grupo guerrillero ha sido uno de los que más ha utilizado los ataques contra la infraestructura petrolera como una estrategia de guerra.
“En la medida en que haya un recrudecimiento de la actividad delictiva del Eln se va a generar una afectación en la operación petrolera y del medio ambiente, principalmente de Caño Limón Coveñas, que si bien es cierto que tiene una infraestructura de almacenamiento muy importante que le permite tener una autosuficiencia por un periodo cercano de 20 días, el cierre recurrente por cuenta de los atentados deja una grave afectación a la operación”.
De acuerdo con Ecopetrol, los atentados contra Caño Limón Coveñas generaron una parálisis de más de 100 días en 2018, lo cual causó un fuerte impacto en el funcionamiento del sistema de conducción de crudo. Esto plantea también una incertidumbre en los inversionistas, pues las condiciones de seguridad pueden afectar sus expectativas de corto plazo y ser más prudentes en su operaciones.
“La industria ha tenido históricamente claro los riesgos de operar en condiciones adversas y se había generado una gran expectativa a raíz de los procesos de negociación con las Farc y el ELN, porque habían una señales positivas en mayor atracción de inversión. Claramente hoy la industria está un poco a la expectativa en cómo se va a desenvolver el tema luego del rompimiento de los diálogos”, dijo Vera.
Finalmente, el vicepresidente indicó que esta infraestructura es un patrimonio de todos los colombianos y destacó que el ducto en el que se transporta el petróleo le genera importantes dividendos a su paso por las regiones. “Una vez el crudo es refinado y comercializado, se materializa en obras, vías, infraestructura, programas de desarrollo, salud e ingresos, para el desarrollo de cada una de las regiones. Por eso es importante que la ciudadanía entienda que cuando se produce un ataque a un oleoducto, se atenta contra el bienestar de millones de colombianos”, explicó.
fuente por elcolombiano.com
