La Fiscalía General de la Nación informó este jueves sobre la captura de un abogado y un agente de la Policía Nacional que presuntamente enían extorsionando al gobernador de Arauca Ricardo Alvarado, exigiendole el pago de 5 mil millones de pesos a cambio de no vincularlo a un proceso penal.
Los capturados, tras un trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía Nacional, son el abogado José Guillermo Restrepo Niño y al patrullero Óscar Andrés Cantor Vásquez, quienes serán enjuiciados por el delito de extorsión.
Según lo estableció la Fiscalía, los capturados por presunta extorsión le habrían pedido 5 mil millones para no vincularlo a investigación penal.
Agregó que el mismo mandatario departamental denunció públicamente el cobro de la extorsión.
El organismo acusador indicó que en realidad, había abierto una línea investigativa por supuestas anomalías en un contrato por 17 mil millones de pesos para la construcción de las sedes del Gaula y Sipol de la Policía en Arauca.
En su reporte, la Fisclía resaltó que un asesor del despacho de la gobernación denunció que fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que podría ser vinculado el mandatario departamental.
El denunciante aseguró que, en esa oportunidad, le pidieron cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para supuestamente modificar información que pudiera involucrar al gobernador.
Por las exigencias económicas denunciadas para direccionar el curso de la investigación, la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional – Grupo Anticorrupción- lograron la captura del abogado José Guillermo Restrepo Niño y el patrullero Óscar Andrés Cantor Vásquez, como presuntos responsables de estos hechos.
En las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por el delito de extorsión.
Las acciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se mantendrán para poner en evidencia y actuar contra actos individuales de corrupción que pongan en riesgo la confianza de la ciudanía en las instituciones, concluyó el organismo investigador.
