El Gobierno de Ecuador propondrá a la Fiscalía de Colombia firmar un acuerdo para que declare lo más pronto posible el testigo que acusó al expresidente Rafael Correa (2007-2017) de haber recibido dinero de la exguerrilla FARC para su campaña electoral en 2006.
«Nosotros pediremos a la Fiscalía de Colombia que hagamos un convenio de pronta resolución con el objetivo del que el testigo que existe declare y sea parte de este proceso», señaló el secretario ecuatoriano de Comunicación, Andrés Michelena, en una entrevista con Ecuadoradio.
La fiscalía ecuatoriana aceptó iniciar una investigación tras la denuncia presentada por el propio secretario para indagar sobre la veracidad de un testimonio proporcionado por un exguerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quien en 2016, en un diálogo con la cadena CNN, denunció que Correa habría recibido al menos 500.000 dólares por parte del grupo insurgente (ahora convertido en partido político).
En ese sentido, Michelena recordó que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, «ha pedido que se investigue», y «es lo más transparente que se puede hacer», pues luego «la justicia tendrá que determinar en un futuro cómo se ha procedido en este caso».
Asimismo, apuntó que la intención del Gobierno es lograr «que los procesos lleguen hasta el fondo» y, de encontrarse responsables, que sean castigados, pues «hay un artículo en Código Orgánico Integral Penal en el que está tipificado» este delito como «traición a la patria».
El artículo 353 del Código Penal señala que la traición a la patria será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de diez a 13 años, en conflicto armado.
Para Correa, este proceso es solo una forma de «buscar un escándalo con el apoyo de cierta prensa para desviar la atención», dijo días atrás desde Cuba, e insistió en que sus cuentas están «están tremendamente claras y auditadas».
Las diferencias entre Correa y Moreno se iniciaron a las pocas semanas de que el segundo lo relevara en el poder y desplegara su estrategia de diálogo con todos los sectores, incluidos los de oposición, algo que el exmandatario consideró una traición al proyecto de Revolución Ciudadana que él impulsó.
Después llegarían las denuncias de Moreno contra su predecesor, a quien acusó de haber dejado un país endeudado y repleto de corrupción.
La ruptura entre ambos políticos, que cumplieron como binomio presidencial entre 2007 y 2013, se ha profundizado desde entonces.
