Facturas falsas o contratos ficticios son indicios de cómo ese dinero, al parecer, fue desviado para otros fines.
Más de 2 billones de pesos se entregaron en el 2017 a los entes territoriales. Sin embargo, 300 mil millones se perdieron en el camino.
“Una cifra cercana a los 300 mil millones de pesos fue dejada de ejecutar, aproximadamente 56 municipios terminaron con su ejecución en cero. De igual forma, hay un número de municipios que terminaron ejecutando una cifra cercana al 25%”, asegura Carlos Hernán Rodríguez, auditor general de la República.
En otras palabras, lo anterior quiere decir que los jóvenes de 10 departamentos similares a La Guajira dejaron de recibir su alimentación.
“Dejar de ejecutar estos recursos termina en últimas perjudicando a los miles de niños y niñas que deben ser los beneficiarios”, añade el auditor.
La pregunta es: ¿qué pasa con los alcaldes y gobernadores que deben poner en marcha estos recursos?
“Quien tiene gran protagonismo es la clase política, que se apoderó de esos recursos sociales tan importantes y los convirtió finalmente en un coto de caza, una fuente de financiamiento de sus actividades”, afirma el procurador general, Fernando Carrillo.
Los casos más absurdos se registraron en Arauca, Cauca, Cesar, La Guajira y Sucre.
Con las investigaciones, la Auditoría General de la República espera que los organismos de control castiguen severamente a los responsables de la desaparición de los dineros, desinados a alimentar a los niños y niñas más vulnerables.
