Cada que hay un atentado de los XX que han sucedido este año al oleoducto Caño Limón Coveñas, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ecopetrol y Corponor (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental), emiten un comunicado en el que se dice haber “activado el Plan de Contingencia” para mitigar los efectos ambientales que un derrame de crudo puede tener en el medio ambiente.
Esto para mitigar los peligros de que un derrame de este tipo llegue a contaminar los nacimientos de fuentes hídricas, el peor escenario posible aunte un derrame de crudo. De acuerdo con la BBC, cuando esto pasa, los impactos ambientales de un derrame de crudo sobre fuentes hídricas es variada. Pero en resumidas cuentas, lo que hace el crudo es crear una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la luz en el agua. Dentro del ecosistema hay diferentes especies que necesitan la llegada de la luz para poder realizar la fotosíntesis. Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir.
Después tiene lugar una contaminación aguda, que puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos porque los contaminantes de los compuestos del crudo son extremadamente tóxicos. A largo plazo, causa daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema.
El 10 de enero de este año, se registraron tres atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas. El primero, en la vereda La Cañaguata, en Cubará (Boyacá) a unos pocos metros de la vía La Soberanía. Los otros dos ataques se reportaron en las veredas La Granada y Miramar en Saravena (Arauca) y el producto quedó contenido en el cráter que dejó la explosión.
El ataque produjo caída de crudo en un caño seco en una extensión de 300 metros lineales aproximadamente, también afectó suelo y capa vegetal, pero no el agua. En el peor de los casos, llega hasta ríos y quebradas.
Hay otras emergencias y otras maneras en que un oleoducto puede tener una fuga de crudo, pero para el caso de un atentado, el famoso Plan de Contingencia que activa Ecopetrol, el MADS, Corporinoquía y el municipio de Curabá cambia.
De acuerdo con Ecopetrol, primero se convoca a las autoridades ambientales, a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y al Ejército para que haga inspección en la zona, en búsqueda de minas antipersonales que son instaladas para impedir la reparación del tubo.
Una vez “limpiada” el área, unas cinco personas instalan un punto de contención a 400 metros abajo del sitio del evento, sobre el agua, mediante diques y trincheras naturales.
Luego, se hace recolección del material vegetal y suelos alrededor del sitio afectado para que el hidrocarburo derramado no se siga esparciendo. “Dicho material se encuentra almacenado actualmente en el Área de Almacenamiento Temporal de Suelos Aceitosos (ATSA) de Campo Velásquez. Se realizó reparación de la línea mediante la instalación de grapa para detener la fuga”, dice la petrolera.
Por último, la CAR encargada, en este caso Corporinoquía, hace un sobrevuelo para determinar si hubo afectación de suelos y cobertura vegetal y no hubo afectación a cuerpos de agua. Tanto en el municipio de Saravena como en Cumará no lo hubo. La zona no se acordona, pero si pudieran hacerlo, sería para que la comunidad se mantuviera alejada y no inhalara los gases tóxicos.
Si el crudo cae a una quebrada, se colocan unos diques para contener el crudo, y si cae a un río, se instalan una especie de barreras mecánicas (pueden llegar a ser hasta 100) para evitar que el crudo siga avanzando. Si el río abastece la bocatoma de un acueducto, se protege la bocatoma con el mismo sistema para que el compuesto no llegue hasta el sitio donde se hace la captación de agua para el consumo. Si no hay espacio para las barreras (porque el río es muy estrecho, o porque la zona es de difícil acceso), se instalan unos diques.
Tal vez el atentando más recordado de 2017 (y en términos ambientales el más grave) fue el de septiembre, cuando la rotura del ducto provocó un derrame de crudo en la quebrada La Cristalina, la Tiradera y en el río Catatumbo, Norte de Santander.
Por otro lado, y como contó El Espectador, para marzo de 2017, los ataques contra la infraestructura petrolera concentrados en el oleoducto Caño Limón Coveñas también dejaron sin recursos las regiones que se benefician de las regalías para realizar inversión social. En los últimos 17 años lo atentados provocaron el derrame de 66 millones de galones de crudo y dejando unas 167 personas muertas producto de las minas antipersona instaladas alrededor de los tramos afectados por las voladuras.
No es la primera vez que la población aledaña al oleoducto se ve afectada por un derrame de crudo. El pasado mes de agosto Ecopetrol reportó el ataque número 47 en contra de la estructura, y cuatro meses antes, otro atentado dejó sin agua a cerca de 3.500 personas en el municipio del Carmen del que hace parte Guamalito, en Norte de Santander.
El oleoducto de 780 kilómetros de longitud tiene capacidad para transportar a diario hasta 210.000 barriles de crudo que se producen en los campos del departamento de Arauca operados por la estadounidense Occidental Petroleum, en la frontera con Venezuela, hasta Coveñas, un puerto sobre el Mar Caribe desde donde se exporta.
En 2017, se activó el Plan de Contingencia 18 veces, según Ecopetrol.
por diario el espectador.
